Y ahora… ¿qué hacemos con las empresas públicas de construcción?
Mucho se ha escrito sobre el destino incierto de las empresas del sector de la construcción (constructoras, promotoras, gestoras de suelo, etc) y las nuevas vías de negocio que deben iniciar para sobrellevar de la mejor manera posible el cambio de ciclo… ¿pero que pasa con todas las empresas que, al amparo de la bonanza del sector, decidieron probar suerte con capital público?
Debemos recordar que la figura de la empresa pública de construcción goza de muchas ventajas competitivas frente a sus homólogas de capital privado, esto es, muchas legislaciones urbanísticas les ofrecen la posibilidad de optar por la gestión directa.
La gestión directa es aquella por la se excluye la posibilidad de cualquier tipo de licitación a la hora de gestionar el desarrollo de los programas urbanísticos, ya que la función publica asume todo el procedimiento.
Las principales características de este tipo de empresas son, entre otras:
- Son de capital íntegramente público o participadas, esto es, con una participación mayoritaria pública pero con intervención de capital privado.
- Sus órganos de gestión corresponden, en la mayoría de los casos, con los representantes que configuran el gobierno municipal, aunque con matizaciones.
- Gozan de la potestad de asumir la gestión pública encomendada a los Ayuntamientos, excluyendo las potestades inderogables de estos.
- Abarcan el ámbito municipal de desarrollo, por lo que no concurren mas allá del municipio que las ampara.
- Su objeto social, así como sus beneficios, revierten en beneficio del municipio (desarrollo de vivienda de protección publica, mejoras sociales del entorno urbano…) pero esto no excluye que, como cualquier empresa, pueda tener beneficios internos.
Todas estas facultades facilitaron la creación de numerosas empresas que asumieron la gestión de importantes proyectos urbanísticos…pero, ¿qué futuro les depara?
La Secretaría de Estado de Hacienda ha elaborado y publicado el Inventario de Entes del Sector Público local donde se recogen datos tan interesantes como que el 37% de las empresas públicas que dependen de las administraciones locales en España están relacionadas con el sector de la construcción, y, de forma más especifica, con la actividad inmobiliaria. En el caso de la Comunitat Valenciana, este registro refleja que el 33,33% de la empresa públicas locales se dedica a labores relacionadas con la construcción y la promoción inmobiliaria.
Los municipios han tomado en los últimos años el relevo al sector público estatal y han conformado un entramado que llega a las 1.396 empresas, de las que más de 500 están registradas como constructoras de inmuebles, de edificios, de obras de ingeniería civil o simplemente, se dedican al urbanismo.
Un análisis de las cifras (os recomendamos una visita a la web) revela el peso que ha ido adquiriendo, con el paso de los años, el peso del ladrillo incluso en el sector público tanto a nivel estatal como autonómico. Y esto, en el momento en que suenan con cada vez más insistencia las voces que advierten de la -temida por el sector-, desaceleración del mercado inmobiliario, hace reflexionar sobre los efectos que puede tener en las economías de las corporaciones locales -que tan dependientes se han vuelto de las rentas que proporciona la actividad inmobiliaria, en cualquiera de sus facetas, ya sea compraventa de terrenos, edificación y venta de promociones inmobiliarias-, un bajón en este tipo de actividad económica.
Sabemos que el freno de la construcción afectará a las arcas locales, pero ¿llegaremos a ver «quiebras económicas» de estas empresas?
Fuente: Ministerio de Hacienda / Levante
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3 Responses to Y ahora… ¿qué hacemos con las empresas públicas de construcción?
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Y ahora… ¿qué hacemos con las empresas públicas de construcción?…
Nos encontramos ante el cambio de ciclo dentro del sector de la construcción y las empresas deben buscar nuevas formas de negocio…pero sucederá lo mismo con las empresas publicas de construcción?…
Hola!
En mi opinión, las empresa públicas tienen resuelta la papeleta. Para analizar la cuestión, deberíamos distinguir, en primer lugar, a que tipo de sociedades puede afectar la «crisis» del sector.
Por un lado, tenemos las empresas de capital íntegramente público, cuyo capita social vino suscrito íntegramente por la Administración que la constituye. Estas empresas, posiblemente, no tengan muchos problemas para capear la situación. Pensemos que su objeto social no es la construcción de viviendas libres, nicho de mercado que sufrirá las consecuencias de esta coyuntura, así que no veo ningún inconveniente para que puedan seguir desarrollando su actividad de promoción de vivienda protegida para la que, y como dije en alguna ocasión, siempre habrá demanda.
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Coincido con REP: al ser el segmento de mercado en el que trabajan las empresas públicas el de la vivienda protegida, su riesgo respecto a la crisis del sector inmobiliario es mínimo: la demanda, desde luego, la seguirán teniendo asegurada por bastantes años. Y esto es algo que no pueden decir las mercantiles privadas del sector, claro.