Un nuevo decreto obliga a las constructoras a reciclar
El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado un Real Decreto mediante el que se pretende regular la gestión de los residuos de construcción, con el fin de evitar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados y el deterioro ambiental.
El problema no consiste, según el Ejecutivo, sólo en la cuantiosa cantidad de residuos que produce el sector de la construcción, sino en el porcentaje potencialmente reciclable que se desecha.
En concreto, el 90% de todos los excesos generados durante las diversas fases de la construcción de inmuebles, no son sometidos a ningún tipo de proceso de reutilización, simplemente se abandonan en cualquier vertedero tras la finalización de las obras.
Voces críticas argumentan que a pesar de ser una buena noticia, las medidas tomadas son excesivamente tardías para un país en que se construyen 700.000 viviendas más al año, que en Alemania, Reino Unido y Francia juntos.
Nuestro propio Gobierno reconoce, que lo dispuesto por el Plan Nacional de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, aprobado en 2001, se ha visto ampliamente superado por la titánica actividad urbanística registrada en España, antes y tras su aprobación.
El fin último de este nuevo Real Decreto, cuyo texto ha sido debatido previamente en dos ocasiones por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, ha sido buscar el mayor consenso entre el sector de la construcción, las comunidades autónomas y los municipios españoles.
El Ministerio de Medio Ambiente, cuya cabeza visible es la ministra Cristina Narbona, estima que las constructoras deberán gastar en aplicación de la nueva normativa, una media de 310 millones de Euros anuales, gastos divididos en tres grandes fases: el estudio para el proyecto de la obra en condiciones propicias respecto a la norma medioambiental, la separación de los residuos y el transporte y tratamiento de estos.
Jaime Alejandre, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, remarca la importancia de esta medida y deja claro que el decreto no traspone ninguna normativa europea, sino que es España la que se adelanta a Europa con este texto.
Las obras menores quedarán excluidas de las obligaciones impuestas por la nueva norma, pues sus residuos quedan bajo mandato de las ordenanzas municipales, al ser considerados urbanos.
Además, las Comunidades Autónomas estarán facultadas para pedir fianzas a las constructoras, que serán devueltas sólo cuando estas cumplan con todo lo pactado en cuanto al tratamiento residual.
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