Suma y sigue. Video de la Eurocamara del debate sobre los abusos urbanísticos.
El Parlamento Europeo expresa su «más enérgica condena» contra los macroproyectos de urbanización en España.
Con este titular se presenta la nota de prensa del Parlamento Europeo sobre la resolución que 
el pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer jueves por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones por considerar que en muchos casos estos macroproyectos han vulnerado «los derechos fundamentales de las personas».
Esta historia no es nueva y se ha tratado en varias ocasiones en este blog de urbanismo: la Unión Europea suma y sigue con sus esfuerzos para atajar el desarrollo urbanístico en España.
A nuestro juicio, el planteamiento excede del discurso que transmiten… recordar que el caballo de batalla de la UE ha sido siempre la vulneración repetida y constante de las directivas europeas en materia de contratación y licitaciones publicas, por entender que las legislaciones autonómicas y, en especial la figura del Agente Urbanizador, restringen el derecho de la libre concurrencia y competencia de todos los agentes privados.
La diferencia es que en esta, y otras, resoluciones amplían el espectro de derechos afectados y hablan de la vulneración de las Libertades Fundamentales, concretamente el derecho a la propiedad privada.
La resolución deja claro que «la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente (…) sin ofrecer una compensación adecuada constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las personas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos» (párrafo 1).
Por eso, los diputados expresan «su más enérgica condena y oposición» hacia este tipo de prácticas emprendidas por «empresas constructoras y promotores inmobiliarios»
El Pleno del PE «ruega» a las autoridades españolas y a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, «en particular al gobierno de la Comunidad Valenciana», que «reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad adquirida legalmente y establezcan por ley criterios más precisos para la aplicación del artículo 33 de la Constitución Española con respecto a la utilidad pública y el interés social».
No es un buen camino a seguir el invocar la protección a este tipo de derechos de primer nivel, es decir, nuestro ordenamiento ya destina al ámbito civil todas estas cuestiones que ahora el Parlamento reconduce al ámbito administrativo (recordar únicamente la doctrina asentada del interés prioritario de la función pública sobre el derecho individual de la propiedad).
Lo mas sorprendente es la solución que plantean para frenar este tipo de abusos:
Los diputados proponen que se creen «comisiones administrativas especiales» en las que participen los defensores del pueblo locales y con poderes de arbitraje para solucionar los conflictos relacionados con los proyectos urbanísticos.
Esta solución merece un razonamiento individualizado de cada uno de vosotros, porque no se puede reinventar las competencias jurisdiccionales o de mediación, de una forma tan alegre.
A mi entender, la linea a seguir es la que anunció el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, el Ejecutivo comunitario denunciará el próximo miércoles 27 de junio la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que vulnera la normativa europea de contratación pública y las exigencias de información y transparencia en las licitaciones de proyectos urbanísticos que ésta establece.
Creo que este es un tema muy abierto y que merece un analisis mas pausado, para esto tenemos el fin de semana… mientras os dejamos con el video de una de las intervenciones el la Eurocamara sobre la cuestión
Fuente: Parlamento Europeo
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Nadie puede privar de sus bienes a las personas sin una justa retribución ó darles un bien equivalente.
Los pactos entre urbanizadores y ayuntamientos no es más que prevaricación.
Creo que debe darse la oportunidad a los propietarios de que se unan y ejecuten lo que el plan general establece. Y si no lo hacen que sea el Ayuntamiento que lo haga por gestión directa, si no saben hacerlo que dimitan y se vayan a casa.
En la actualidad los pequeños propietarios se ven enfrentados a uan maquinaria que les supera.
[…] semana pasada acabamos con un vídeo de la Comisión de Peticiones Europea donde se atacaba al modelo urbanístico español por considerar que era atentatorio de derechos de primer nivel (derecho de propiedad)… esta […]
Considero que estas cuestiones se deben plantear ante el Tribunal Constitucional y no en el ámbito de la Unión Europea.
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