Los municipios expropiarán solares para construir más Viviendas de Protección Oficial (VPO)
El martes pasado tuvo lugar la primera reunión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trató con el Ministerio de Vivienda los últimos detalles de lo que será un convenio de colaboración importante a efectos urbanísticos.
Este acuerdo busca conseguir lo que mediante colaboraciones anteriores con los diversos promotores españoles no se ha logrado: construir todas las viviendas de protección oficial que el Estado necesita, es decir unas 100.000 anuales.
El acuerdo se firmará este 18 de diciembre próximo y con él, el Ministerio de Vivienda persigue que los ayuntamientos se comprometan a cederle terrenos, a fin de construir en cada Comunidad Autónoma el número de viviendas de protección oficial que sean necesarias y facilitar así la entrada a la gente joven o con escasos recursos.
Según Pedro Castro, alcalde de Getafe desde hace casi 25 años y presidente de la FEMP, se realizarán propuestas a la iniciativa privada, pero si los promotores no desean colaborar deberán hacerlo los ayuntamientos. En el caso de no llegar a consenso con ellos, podría recurrirse incluso a la expropiación.
El proyecto se pondrá en marcha en principio, mediante la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que es un organismo dependiente del Ministerio de Vivienda y con el que ambas partes trabajarán de forma conjunta.
Los municipios pondrán a disposición de dicha entidad los correspondientes terrenos y se encargarán junto al Ministerio de Vivienda de prepararlos para ser edificados e incluso, podrían encargarse de parte de la ejecución de las obras.
El propio Castro, en la reunión celebrada, se mostró de acuerdo con las peticiones de la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que reivindicaba la prestación por parte de los municipios de ayudas de tipo jurídico y psicológico a los propietarios o inquilinos de viviendas antiguas, víctimas de acoso inmobiliario.
Este acoso, se ha venido dando en los últimos años por los propietarios de inmuebles arrendados, sobre todo a personas de la tercera edad, que gozan de contratos de renta antigua desde hace décadas, por los que pagan cantidades ínfimas, algunos hasta de 25 Euros mensuales. Por ello a muchos, no les interesa su permanencia y ejercen presión para conseguir que abandonen las viviendas, viviendas que en muchos casos se encuentran en condiciones de habitabilidad infrahumanas.
El presidente de la FEMP, dice estar a favor de la propuesta pero a cambio, exige que se dote a los municipios de la correspondiente y equivalente cuantía económica por los servicios prestados.
La ministra, a su vez, prometió en el encuentro, dotar de mayores competencias a los municipios y reformar su financiación en tiempo paralelo al previsto para hacerlo con las autonomías.
Además se ha comprometido como consecuencia del acuerdo, a iniciar los trámites para convertir próximamente a la FEMP en una entidad pública, aumentando así su participación en el Ministerio.
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