Los abogados de los afectados por Martinsa detectan graves irregularidades
Algunos bufetes de abogados ya han empezado a estudiar los casos de más de una de las familias afectadas por la inmobiliaria.
Según han manifestado, existen severas irregularidades en los procedimientos que Martinsa siguió con sus clientes cuando estos adquirían uno de sus inmuebles.
Entre los supuestos malos usos de los que hablamos, se encontraría la práctica, por parte de la inmobiliaria, de cobrar anticipos por las viviendas vendidas sin haber recabado antes la correspondiente licencia de obra.
Esto se vendría haciendo desde 2004 segun diversas fuentes y en algunas promociones podrían haberse recibido pagos anticipados por encima de lo que la Ley permite e incluso sin tener, como ya hemos mentado, la pertinente licencia.
Esto sucedió en Madrid, en los inmuebles sitos en Colmenar Viejo, donde ya se recibieron pagos que excedían incluso los 40.000 euros, dos años antes de que Martinsa obtuviera el permiso del Ayuntamiento.
Para colmo de males, a muchos de los clientes no les consta que dichos depósitos gocen de seguro o aval bancario alguno para cubrir posibles incumplimientos de la constructora.
Otros compradors tienen aval pero está caducado o el plazo para reclamar se encuentra a punto de finalizar.
En lo que coinciden ambos tipos de afectados es en que la documentación otorgada en su día por Martinsa fue más bien escasa.
Otros movimientos sospechosos de la inmobiliaria se localizan también en Madrid, en concreto en Móstoles, donde la empresa construía viviendas de protección oficial.
Martinsa obligó a los propietarios a constituir una comunidad de vecinos cuya gestora pertenecía a la propia promotora.
Dichos propietarios desembolsaron un millón de euros en la comunidad, de los que la gestora ya se ha gastado la mitad en concepto de pago por sus servicios.
En otro caso, los clientes estarían vinculados a la compra del solar en la que se ubicaría la futura promoción, debido a que Martinsa realizó contratos de adjudicación mediante permuta con los propietarios de los terrenos.
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