Las constructoras y el sector servicios abarcan la mitad de los concursos de acreedores iniciados el año pasado
Según datos cedidos por la prestigiosa firma Pricewaterhouse, en 2007 han aumentado en un 15% las peticiones de inicio de concurso de acreedores, viéndose afectados en mayor medida los servicios y el ladrillo.
El concurso de acreedores, surge de la Ley Concursal de 2004, y su pretensión fundamental es poner a disposición de aquellas empresas y particulares, que se encuentran en severas dificultades financieras, una vía judicial para resolver esos conflictos sin tener que proceder a la liquidación.
La experiencia histórica en España, en cuanto al proceso seguido por las empresas que se encontraban al borde de la quiebra, donde los bienes y activos desaparecían antes del cierre de estas, ha hecho que actualmente no se crea en el procedimiento concursal, siendo las cifras nacionales las más bajas a nivel europeo en cuanto a demandas.
Así, durante el año pasado se han abierto un total de 1.015 concursos, de los que un 7% pertenecen al mundo de la construcción, mercado en el que cada vez se agrava más el porcentaje de endeudamientos o cierres, debido a la creciente crisis económica que está sufriendo.
Aún solucionando el miedo nacional a la declaración concursal, la responsable del estudio admite que en nuestro país se están haciendo mal las cosas, lo que imposibilita la consecución del fin judicial, es decir, reflotar aquellas empresas con posibilidades de salvación tras la enajenación o gestión de sus activos.
Por comenzar, la enseña cree que la aplicación de la Ley está siendo deficiente, pues no se está consiguiendo la celeridad que la normativa demanda y a pesar de ser pocos los concursos solicitados, ya existen juzgados de lo mercantil que se encuentran colapsados.
Otros datos aportados, reflejan que la mayoría de procedimientos son voluntarios, es decir, instados por la propia sociedad con dificultades, habiendo sido solo un 12% del total, los iniciados por los acreedores desde el inicio de vigencia de la Ley Concursal.
La mayoría de empresas concursadas son por lo general pequeñas, con un tamaño de activos inferior a diez millones, aunque existe un limitado porcentaje de sociedades en posesión aún de grandes cantidades para afrontar sus deudas, liderando entre estas la inmobiliaria valenciana Llanera, y seguida muy de cerca por Fórum Filatélico y Afinsa.
Las personas físicas también empiezan a demandar ayuda judicial al encontrarse ante problemas de insolvencia, pero a pesar de que van en aumento, las cifras hablan de tan solo 118 personas adheridas a este sistema durante el año pasado. Solo hay que comparar y atender a que en Reino Unido, en 2006, se registraron los concursos de unas 100.000 personas.
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