La Ley de Barrios acaba su primera fase con una inversión total de 990 millones de euros
La ley de Barrios fue aprobada en el año 2004 con el objetivo de invertir en barrios de municipios con falta de equipamientos y degradados, así, trata de organizar y paliar efectos perversos del urbanismo y de problemas sociales a partir de una remodelación de barrios con dificultades y que se consideran como más prioritarios en cuanto a intervenciones urbanísticas.
El pasado 3 de diciembre, miércoles, se presentaban en el Parlament, el repaso de las actuaciones que se han dado en Cataluña, en los últimos cuatro años. Encabezado por el consejero de Política Territorial, Joaquím Nadal, éste se mostraba especialmente satisfecho de las cifras que se destacaban de la Ley de Barrios. Y es que la Ley de Barrios ha supuesto una inversión pública de 990 millones de euros repartidos en actuaciones de 92 barrios, en un total de 77 municipios de Cataluña.
Se han debatido temas como la cuestión de la inversión en los municipios pequeños, por ello Nadal propuso financiar los proyectos al 75% desde Generalitat y que el Consistorio sólo invierta el 25%, lo cual daría un respiro a municipios pequeños con menos presupuesto y recursos. Es una medida que se esperaba desde la oposición pero Nadal ya la tenía prevista y no dio pie a que se le recriminara que la Ley de Barrios únicamente favorece a aquellos ayuntamientos con recursos.
De los 990 millones que cierran esta primera fase de la Ley de Barrios, 452 se han destinado a mejorar los espacios públicos y planificar más zonas verdes y 216 millones se han destinado a equipamientos de uso colectivo. Sin embargo, ahora se quiere cambiar el sistema de convocatoria de ayudas. Se convocarán a medida que se vayan terminando las actuaciones ya iniciadas, con el objetivo de mantener siempre así el número en un centenar de barrios con actuaciones de Plan de Barrios.
El caso es que la primera convocatoria preveía 99 millones de euros de inversión en 13 barrios de 12 municipios, y cuya inversión se hacía mitad la Generalitat y otra mitad los ayuntamientos. Esta cifra de 99 millones iniciales se ha convertido en unos 789 millones de inversión real y aun quedan 2 años para acabar el plan. El hecho es que se ha provocado una inversión inducida de otras administraciones públicas y también de inversión privada.
Los primeros 13 barrios en los que se han dado actuaciones dentro de Ley de Barrios presentan grados de realización diferentes ya que no ha habido el mismo peso de obras en Manlleu por ejemplo, que en Berga. En el caso de Mannlleu, se trata de una expropiación de un bloque de pisos que aun no está consumada, se trata de un trámite largo y por ello sólo se ha realizado el 40% de las actuaciones previstas. Asimismo se ha previsto una compensación para municipios que hayan finalizado las obras previstas y es que se prevé un contrato de seguimiento por un período de dos años que compromete a la Generalitat a mantener las obras lo cual beneficiará a muchos centros históricos antiguos y degradados de numerosos municipios de Cataluña.
No obstante la Ley de Barrios ha sido criticada por determinados grupos de izquierdas que defienden la idea que se están dando actuaciones de Ley de Barrios únicamente en zonas donde existe un potencial económico importante, dejando de lado el carácter social de la medida.
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