La crisis del sector inmobiliario afecta a las finanzas de las autonomías
Una de las competencias transferidas por el Estado a las Comunidades Autónomas es la recaudación de algunos impuestos provenientes del sector inmobiliario.
Teniendo en cuenta la progresiva bajada de inversión en la compra-venta de vivienda, la negativa de conceder financiación a las empresas de tal sector por parte de las entidades financieras y el freno que todo ello está suponiendo para los futuros proyectos de las constructoras, es lógico suponer que las administraciones autonómicas sufran financieramente al vaivén de la oferta y la demanda.
Ello es así sobre todo si se tiene en cuenta lo que el ladrillo supone para las arcas de las administraciones, aproximadamente un 9% de sus ingresos.
De hecho, según un nuevo informe de Standard&Poors las comunidades más afectadas serán sobre todo las más grandes, ganando por goleada la Comunidad de Madrid, que supera con creces el 9% citado, dado que sus impuestos por actividad inmobiliaria significan el 22,8% de su recaudación total.
Un caso similar se encuentra también en la Comunidad Valenciana y tras ellas, con caídas más suaves, Cataluña, Galicia y Andalucía.
El estudio de la agencia también da la alarma, sugiriendo que es posible que a finales de 2009, la reducción de ingresos para las regiones españolas, únicamente por causa de la construcción, llegue hasta un 37% menos con respecto a las cifras recogidas en 2006.
Para dar mayor cancha al asunto, los datos apuntan a que la ralentización que está sufriendo el mercado del ladrillo se agudiza cuando se habla de la adquisición de viviendas de segunda mano, que es donde precisamente recaudan las Comunidades Autónomas.
Por contra, la adquisición de nueva vivienda, se encuentra afectada por un impuesto distinto al de transmisiones patrimoniales: el IVA; Este impuesto, aunque es cedido en parte a las autonomías, es recaudado por el Estado, por tanto no es un ingreso directo ni total de cuya competencia puedan lucrarse aquellas.
No es de extrañar, que a consecuencia de todo lo mentado las autonomías tengan que regular sus planes financieros anuales y apretarse el cinturón, adoptando nuevas formas de ingresos.
A pesar de ello no hay motivos para preocuparse, pues el informe de S&P no prevé grandes cambios en las estrategias de recaudación de los gobiernos autonómicos.
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