La Comunidad Valenciana en boca de Europa: dos eurodiputados piden al Gobierno medidas contra la LUV
La vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV), ha sido denunciada por la Comisión Europea tras haber recibido ésta decenas de quejas acerca de lo dispuesto en ella, siendo la mayor parte de las peticiones de ciudadanos no residentes en España.
En relación a ello, dos eurodiputados británicos, Michael Cashman, del grupo Socialista, y Neil Parish, del Partido Popular Europeo, exigen del Ejecutivo español la imposición de una moratoria a las expropiaciones de viviendas de cariz irregular, en la Comunidad Valenciana.
El primero de ellos ha afirmado que el Gobierno debe actuar pues, es «el Reino de España el que ha firmado los Tratados de la UE» y por tanto, responsable legal, penal y financiero de su cumplimiento.
Por su parte Parish admitió haber reprendido a los militantes españoles de su partido: «Les hemos dicho a nuestros colegas del Partido Popular que tienen que arreglar esto, no pueden esconder la cabeza en la arena y hacer como si nada pasa».
En la misma rueda de prensa en la que participaron ambos representantes comunitarios, el eurodiputado español de Los Verdes David Hammerstein quiso dar también su opinión al respecto, siendo ésta según su criterio, que la Generalitat Valenciana ha venido incurriendo en una colosal falta de lealtad hacia la Unión Europea, al seguir aplicando la LUV pese al proceso judicial abierto.
Como excepción, gustó apuntar que ya existe una moratoria «de facto» por el agotamiento del sector de la construcción.
La LUV ya ha sido denunciada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por supuesta violación de las normas europeas de contratación pública, cuestión que ya se había planteado anteriormente con su predecesora, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
Además, se está investigando si algunos proyectos cubiertos por la disposición legal, contradicen también o no normativas comunitarias como la de impacto ambiental, espacios protegidos o agua.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá próximamente sobre las quejas presentadas, relativas a posibles abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana y en el litoral andaluz.
El alcalde de Parcent (Alicante), Máximo Revilla, aprovechó la ocasión para defender su causa, pidiendo el respaldo de la Eurocámara para paralizar los tres PAI aprobados en 2006 por el anterior gobierno municipal, previamente a la expiración de la LRAU, pues según él son contrarios a la normativa europea.
Tras ello afirmó: «Venimos a defender las leyes europeas. Defendemos el interés general y no el de los particulares», aludiendo sobre todo al promotor que le ha impuesto una querella criminal y ha pedido prisión para él por su intención de anular dichos PAI.
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