El urbanismo valenciano en el Tribunal de Luxemburgo por su “mal comportamiento” urbanístico.

Sep 1 • Internacional, Noticias, Urbanismo • 1359 Views • No hay comentarios en El urbanismo valenciano en el Tribunal de Luxemburgo por su “mal comportamiento” urbanístico.

La Comunidad Valenciana acumula “toques” y llamadas de atención en lo que al urbanismo se refiere. En efecto, la legislación urbanística valenciana se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal de Luxemburgo.

La Comunidad Europea ha conseguido que el Tribunal admita a trámite su denuncia oficial del pasado 9 de julio en contra de las leyes urbanísticas valencianas que supuestamente infringen normas de la contratación pública.

El escrito de la denuncia se dirige en realidad “contra el Reino de España” así que será el Gobierno estatal quien dé la cara ante la acusación de incumplir dos directivas europeas: la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus sucesoras, la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU).

El ejecutivo Comunitario afirma que “las adjudicaciones de PAI (programas de actuación integrada) se refieren a obras públicas que deben adjudicarse siguiendo lo dispuesto en las directivas 93/37/CEE y 2004/18/CE”, directivas por el incumplimiento de las cuales el Tribunal de Luxemburgo ha decidido denunciar a la comunidad valenciana.

Por su parte, la Generalitat está ultimando sus alegaciones por defender la legalidad de la LUV. Las alegaciones serán enviadas al Ejecutivo español.

El escrito en defensa de la norma valenciana alega que la ley valenciana cumple a la letra la legislación comunitaria y que si en algún caso se ha dado incumplimiento de dicha legislación se debe a que la comunidad valenciana debe ceñirse a la ley estatal de contratación pública.

Los toques a la comunidad valenciana no son de tanta actualidad ya que hace tres años, en marzo 2005, llegó la primera carta en la que la Comisión Europea llamaba la atención por “la incompatibilidad de ciertas disposiciones de la ley reguladora de la actividad urbanística con dos directivas europeas y varios principios del Tratado de la Unión Europea”.

La comunidad valenciana se encuentra pues en una situación de incertidumbre teniendo en cuenta que cada caso tarda en resolverse en la Comisión Europea entre un año y un año y medio. En el peor de los casos, la Comisión puede sancionar con una multa al Estado español.

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