El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no notificar una demolición

Ene 12 • Urbanismo • 1332 Views • No hay comentarios en El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no notificar una demolición

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado que una pareja propietaria de un apartamento de construcción ilegal en Sanxenxo debe de ser compensados por no haber sido informados de las sentencias sobre su ilegalidad y su demolición. Además el TEDH ordena que ese aplace la demolición debido a que con el nuevo PGOU permitiría su legalización

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de condenar al Estado Español por no haber notificado a los propietarios de un apartamento en la localidad pontevedresa de Sanxenxo que su  propiedad inmobiliaria estaba siendo investigada para determinar si la construcción era legal o no.

El expediente acabó determinando que la propiedad inmobiliaria se había erigido vulnerando la legalidad por lo que el inmueble debería de ser derruido, después de que pesase sobre él una orden de demolición, que no fue notificada convenientemente a los propietarios.

El TEDH obliga al Estado Español a pagar a los propietarios – Alberto Aparicio Navarro – Reverter y a Ana María García San Miguel – 1.000 euros en concepto de daños morales y 33.446,66 euros por pago de impuestos y honorarios profesionales de los letrados de parte que han presentado en caso ante el alto tribunal europeo.

Los dos contendientes y propietarios del apartamento derruido, ambos septuagenarios, dieron de alta el apartamento en el Registro de la Propiedad en el año 2001 y empezaron a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a partir del año 2002.

Fue en ese mismo año cuándo comenzó el calvario judicial de los dos septuagenarios, después de que un vecino del pueblo denunciase ante el consistorio que la construcción del apartamento era manifiestamente ilegal.

El lugareño, ante el silencio administrativo del ayuntamiento de la localidad, inició un recurso judicial que solo se notificó al promotor inmobiliario y no a la pareja de propietarios. Fue el juez de lo Contencioso – Administrativo del juzgado número tres de Pontevedra el que en el año 2004 anuló el permiso de construcción.

Ante la sentencia, que no satisfizo a nadie, se recurrió por todos los interesados ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que en el 2007 refrendó la decisión judicial de la primera sentencia y además ordenó la demolición de la construcción.

Fue dos años después cuándo el consistorio de Sanxenxo notificó a los propietarios del inmueble la sentencia. A partir de ahí la pareja de ancianos solicitaron la nulidad de todo el proceso por no haber sido apercibidos del mismo.

En la resolución judicial del tribunal europeo da por demostrado que “la identidad de los demandantes era accesible y había suficiente información en el dossier para permitir que la Administración y los tribunales identificaran a los interesados”.

El TEDH también advierte que con el cambio del PGOU de la localidad pontevedresa puede hacer posible la regularización del inmueble por lo que aconseja una mora en la demolición del mismo.

Fuente: Expansión    |    Imagen: Pepe Martín

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