El impuesto que solo unos pocos pagan

Ago 25 • Crisis inmobiliaria, Economía, Noticias • 1170 Views • No hay comentarios en El impuesto que solo unos pocos pagan

Celeste M.

A pesar de la tendencia a quejarnos por las exigencias del fisco, aún existen impuestos que, aún siendo de obligado cumplimiento para los contribuyentes, solo algunos pagan.
Es el caso del Gravamen sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), que debería ser acatado por todos los inquilinos de viviendas en España.
El vacío legal se produce cuando nos percatamos de que la recaudación de este impuesto no es para nada efectiva, pues la mayor parte de arrendatarios españoles ni siquiera sabe que debe hacerle frente.
Es por ello que, si usted se encuentra alquilando una vivienda en este momento, mejor sería que dejara de leer la siguiente noticia para ahorrarse un nuevo susto.
Esto no significará (a su pesar) que quede libre de culpa, pues en palabras de Hacienda “el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento”.
Por si la curiosidad desmedida le impulsa a seguir leyendo, conocerá que el ITP y AJD es un gravamen económico al que debe hacer frente cualquiera que viva en régimen de alquiler, por cada contrato que selle.
El monto a cubrir dependerá de la duración del acuerdo cerrado y de la cantidad total que se haya establecido para el pago.
Un ejemplo simple sería el de aquel que alquila un inmueble durante un año, por un promedio de 900 euros mensuales, por lo que le correspondería asumir frente Hacienda algo más de 40 euros.
La manera más apropiada para realizar este trámite es rellenando el Modelo 600 en la Consejería de Hacienda de su CCAA, pues aunque también puede acudir a cualquier quiosco, pocas veces encontrará alguno en que sepan de qué está hablando.
En el citado modelo existe una tabla, según la que se puede calcular cuanto debe desembolsarse al finalizar el contrato de arrendamiento.
El problema de recaudación que vive este impuesto se debe básicamente a que dichos contratos suelen gestionarse de manera privada, sin que ningún ente público intervenga en la transacción.
Por ello, sólo aquellos que tramitan el arrendamiento de su vivienda a través de organismos del Estado se topan con este gravamen y son los únicos que actualmente se ven abocados a su pago.

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