El ayuntamiento de Zaragoza contento con la sentencia del TSJA
Los fundamentos de derecho en los cuales se basa la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la operación de la promoción inmobiliaria en la Romareda son óptimos – según opinan fuentes del ayuntamiento – para defender los intereses del consistorio zaragozano ante la empresa concesionaria del aparcamiento de la plaza Eduardo Ibarra.
ISOLUX – CORSÁN exige al consistorio 20 millones de € por lo que considera perjuicios por la no construcción de la Romareda. Desde el ayuntamiento, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, considera que el fallo judicial da los suficientes argumentos jurídicos al Ayuntamiento de Zaragoza como para defender los intereses públicos y no hacer efectiva la indemnización que le exige ISOLUX – CORSÁN.
Para el responsable de urbanismo del ayuntamiento la clave de la importancia de la sentencia se encuentra en la página 22, en la cual el TSJA deja sentado que ISOLUX ha sido parte del proceso y que al no haber apelado se aquieta la sentencia. En caso de que ISOLUX no llegase a un acuerdo con el ayuntamiento, la sentencia daría argumentos legales a la municipalidad para tener altas probabilidades de que se fallase a su favor en posteriores juicios.
Los principales afectados por la no promoción de La Romareda en el año 2006 – la UTE formada por Sacry y Acciona – ya fue resarcida con 2,5 millones de € por el consistorio de la ciudad de Zaragoza, mientras que parece que con esta sentencia se cierra el capítulo de los terceros afectados por el cambio de la localización del campo.
Fuente: El Periódico de Aragón | imagen: code1name
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