Construcción y sector inmobiliario en España, un campo de minas
A pesar que la actividad en los sectores de la construcción e inmobiliaria da todo tipo de beneficios a los territorios en los cuales se desarrolla, el sector privado se encuentra en España con un auténtico circuito de obstáculos para desarrollar su actividad. Desde PGOU que se eternizan más de 20 años a la renuencia de las administraciones públicas a colaborar con un sector que produce beneficios económicos
Una de las quejas más recurrentes el sector de la construcción e inmobiliario español es el laberinto normativo que existe en España lo cual finalmente provoca desistimiento a la hora de que los inversores foráneos inviertan en nuestro país.
Esta queja, y otras, han surgido de nuevo en el Foro de Urbanismo Sostenible que se desarrolla estos días en Madrid. El innegable factor dinamizador que produce el sector de la construcción e inmobiliario se ve zancadilleado por la multiplicidad de normas urbanísticas y las diferentes administraciones que las sostienen.
Otro problema añadido suelen ser los diferentes Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) a lo cual se une, en caso de la iniciativa privada, una política de plazos que genera muchas incertidumbres en los inversores.
Además los PGOU destacan por una verbosidad que para sí quisieran muchos literatos y escritores. De media el borrador de un PGOU suele tener alrededor de 2.500 páginas a lo que se une los dilatados plazos de gestación de los mismos; solo el texto del PGOU de La Castellana de Madrid lleva más de 20 años en redacción y todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo se culminará.
A todo ello hay que sumar la falta de seguridad jurídica que aqueja a los proyectos de construcción e inmobiliarios, máxime cuando ambos sectores generan inversión y puestos trabajo. Por cada millón de euros invertidos se generan entre 18 y 20 puestos de trabajo.
A pesar de ello desde muchas administraciones públicas se demoniza que las empresas privadas puedan lograr beneficios con los proyectos, sin tener en cuenta que para que la empresa privada es condición indispensable el beneficio para poder seguir sufragando nuevos proyectos.
A diferencia de lo que sucede en importantes ciudades europeas, dónde los consistorios se desviven por dinamizar cualquier proyecto de construcción e inmobiliario, en España las constructoras y las promotoras se la ven y se la desean para poder evolucionar en auténticas carreas de obstáculos que son las normativas municipales, autonómicas y estatales.
Fuente: Cinco Días | Imagen: Jennifer C.
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