Una investigación atribuye la corrupción urbanística en España a un ‘diseño institucional fallido’

Ago 10 •

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La investigación de la Universidad de Murcia acerca de la corrupción urbanística viene a decir lo que en este blog ya hemos comentado desde hace años: que una serie de factores han confluido para que este fenómeno delictivo se haya apoderado de todas las instituciones con poder en este país. El trabajo universitario profundiza en los factores socioeconómicos y financieros de la corrupción en el ámbito municipal, pero igual se podría añadir al ámbito autonómico o, incluso, central, que no se tratan en este estudio. En las conclusiones, se constata que hubo menos corrupción en aquellos municipios con mayores niveles de transparencia y con equipos de gobierno mejor pagados. Con este último punto, de ser cierto, aquí no estamos muy de acuerdo ya que la actividad política debe ser ante todo un 'servicio' al pueblo, nunca un trabajo profesional altamente remunerado.
"ELDIARIO* : La corrupción urbanística en España no es nueva, pero durante la primera década de este siglo confluyeron una serie de factores que desencadenaron un aumento considerable de su incidencia, tales como la burbuja inmobiliaria, las competencias municipales en materia urbanística, la legislación compleja, la figura del convenio urbanístico, la capacidad del alcalde de tomar decisiones sin contar con el pleno municipal y la gran cantidad de recursos económicos que movieron dichas actividades.

Así se interpreta en la investigación sobre los factores socioeconómicos y financieros que pudieron contribuir a tal multiplicación de la corrupción en la administración local; un trabajo que han llevado a cabo cuatro profesores del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Murcia y que concluye que los ayuntamientos con mayor grado de transparencia y cuyos equipos de gobierno cuentan con una remuneración más elevada han presentado menos casos de corrupción.

El trabajo –realizado por María Dolores Guillamón, Francisco Bastida y Ana María Ríos, y coordinado por Bernardino Benito– toma como referencia el periodo 2000-2009 y se centra en los 110 municipios españoles de más de 35 mil habitantes, donde habitan el 48% de la población del Estado. Para su elaboración se parte de los datos recogidos en un estudio anterior de la Universidad de La Laguna y de la información oficial –que los mismos autores califican en ocasiones como insuficiente-.

En la investigación se ponen bajo el microscopio 676 casos de corrupción urbanística, tomando en consideración los siguientes factores para identificar cuáles de ellos fueron determinantes: el grado de transparencia en el municipio afectado, los ingresos totales del ayuntamiento, el porcentaje de dichos ingresos que provienen de la planificación urbanística, el nivel de endeudamiento del consistorio, el crecimiento del superávit en la hacienda local, el nivel educativo de la población del municipio y los salarios del equipo de gobierno.

Más transparencia y más salarios, menos corrupción

"El trabajo demuestra con datos una serie de cosas lógicas que todos tenemos en la cabeza cuando reflexionamos sobre la corrupción", explica a eldiario.es el coordinador del estudio, Bernardino Benito. En relación a la transparencia, Benito argumenta: "Es cierto que no es una garantía , pero por lo menos ayuda. Con nuestro estudio se demuestra que cuando hay más transparencia, se reduce la corrupción".

Las tretas legales también se reducen, según los resultados del estudio, a medida que aumentan los salarios de los equipos de gobierno municipales. No obstante, el coordinador de la investigación considera que "en torno a los sueldos de los políticos hay mucha demagogia". Y se explica: "Querer pagar a un alcalde en función del número de habitantes de su población es absurdo. Habrá políticos que tengan que estar bien retribuidos y otros que no lo tengan que estar tanto, pero el hecho de limitar el sueldo no significa que se vaya a acabar con la corrupción". Sin embargo también recuerda que, al margen de los resultados obtenidos, existe un componente cíclico que tiene mucho que ver con la relajación de los estándares morales en periodos de auge económico, y con el llamado "efecto avaricia", que opera sin importar el sueldo que percibe el gobernante.

Un diseño institucional fallido

Uno de los factores clave que subraya la investigación es la forma en la que está establecida la planificación urbanística en España, con la concentración de competencias en los gobiernos municipales, y sobre todo, en los alcaldes, y con la opacidad del proceso. Solo hay que fijarse, señala Benito, en la figura del convenio urbanístico, que permite al primer edil alcanzar acuerdos con interesados sin necesidad de someterlos al Pleno. "Antes llegaba una persona que había comprado un millón de metros cuadrados y le decía al alcalde: mira, voy a hacer aquí una urbanización, y a cambio de la reclasificación del suelo te voy a hacer tres pistas polideportivas y cuatro jardines... Y aparte de eso te pago un viaje y te compro un chalet", ejempliflica.

Además de la figura del convenio, existe otro elemento que ha generado muchos casos de corrupción: los modificados. Bernardino resopla: "Eso requiere mucho trabajo y ahí no hemos entrado porque hay que meterse a investigar todos los contratos. Pero desde luego es algo digno de estudio, ver cómo muchas empresas se llevan la adjudicación de concursos porque ofrecen de manera abusiva unos precios muy bajos, y pasan todas las cribas de las comisiones de contratación, y luego hacen unos modificados que son escandalosos, que elevan los presupuestos y que eluden todos los controles facilitando la corrupción".

Medidas insuficientes

"La llamada Ley de Transparencia nos parece claramente insuficiente", afirma el profesor Bernardino Benito. Y prosigue: "Yo siempre digo que la agenda de los políticos municipales tiene que ser pública. Si el alcalde se va a comer con un constructor, tendrá que ponerlo en la página web del ayuntamiento. Yo quiero saber qué hacen el alcalde y los concejales de nueve de la mañana a seis de la tarde y saber qué nos cuesta a todos los ciudadanos el hecho de que el político trabaje de esa forma. No entiendo ese ocultismo".

¿Y las medidas de regeneración que anunció hace pocas semanas el presidente Rajoy? Bernardino Benito considera que "es circundar el problema, no abordarlo de raíz". "Ahora todo se ha parado por la crisis, pero cuando esto pase volveremos a cometer los mismos errores", opina. En planificación urbanística, Benito apuesta por la creación de un "órgano superior que estudie todo lo relacionado con el urbanismo, como planes ambientales, necesidades de agua, colegios..." para evitar que todo quede en manos de los alcaldes. "No puedes construir una urbanización y no saber si vas a tener agua, si vas a tener servicios asistenciales sanitarios, educativos... Porque luego eso, ¿quién lo paga? Antes los ciudadanos tampoco se lo cuestionaban, y como había dinero y trabajo, pues venga... Y no, eso no puede ser", concluye.


* El Diario - Pedro Serrano Solana - 2.8.14
Foto: corrupción urbanística, viñeta ayuntamiento

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