Una familia pone en jaque la ley urbanística valenciana ante la UE

Feb 18 •

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LEVANTE/Alicante* : El presidente de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en su condición de europarlamentario socialista, Herbest Bösch, solicitó el 10 de enero explicaciones a España sobre la conformidad con el derecho comunitario de proyectos urbanísticos vinculados a la percepción de fondos europeos.

Bösch asegura que la Comunidad Valenciana no aplica la nueva ley nacional del suelo porque la recurrió para regirse por la Ley Urbanística Valenciana "con nefastas consecuencias para los afectados".
Además pide información específica sobre el punto en el que se encuentra el procedimiento iniciado contra España por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades detectadas en los métodos de licitación de proyectos urbanísticos y la constatación de casos de corrupción de autoridades locales.
Esta solicitud está vinculada a muchos ejemplos concretos, pero en especial al caso de una familia austriaca en Orihuela Costa que lleva ocho años intentando eludir la acción de los urbanizadores. Los Wesenauer tienen su domicilio en Castillo de Don Juan, la finca Langostina. Compraron el terreno con una casa solariega de 3.450 m2 hace 12 años. La administración local autorizó agregar esa finca al cercano suelo del PAU 25-La Cuerda. Beneficiado, entre otros, con colectores de aguas residuales financiados con 2, 5 millones de fondos europeos.
El 3 y 4 de junio de 2001 un incendio arrasó parte de la pinada que iba a ocupar el plan a partir de 2003. A cambio de sumarlos al proyecto, esta familia -con dos niñas en edad escolar- ve reducida su propiedad a 1.786 m2 y debe aportar 43.869 euros para gastos de urbanización. El planeamiento les ubica un bloque de adosados modelo "Tulipán". Algo que no han pedido ni quieren, a pesar del supuesto beneficio económico.
El 23 de octubre de 2007 pasado los afectados denunciaron ante la Guardia Civil que "asaltaron su propiedad" sin permiso y "marcaron el terreno con estacas" correspondiente a los chalés que les endosan. La titular del Juzgado Número 6 de Orihuela acaba de archivar el caso y la familia ha remitido ese fallo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La embajada de Austria explicó en noviembre de 2007 por carta al Ayuntamiento que los "derechos legales como propietarios de todos los ciudadanos de los países de la UE deberían ser respetados". Pedía a la alcaldesa de Orihuela que tomara "medidas para conseguir un procedimiento transparente y ofrecer el amparo necesario". En su respuesta del pasado 17 de diciembre la primera edil Mónica Lorente ventila el asunto con antecedentes en el que se argumenta la legalidad del plan -según la legislación valenciana-, y dice que la familia Wesenauer pretende "eludir los deberes de cesión obligatoria y los gastos de urbanización" que le corresponden.
La urbanización está promovida por la empresa de un hermano de uno de los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela (San José) mientras que la urbanización del suelo es de otra mercantil local (Marcos), investigada por la fiscalía Anticorrupción en relación al uso de coches a nombre de sus empresas por parte de cargos públicos oriolanos.







* Levante-EMV - D. Pamies, Orihuela - 17 de febrero de 2008
Foto: Orihuela (Alicante), playa Aguamarina-Campoamor - mma.es

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LEVANTE/Alicante* : El presidente de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en su condición de europarlamentario socialista, Herbest Bösch, solicitó el 10 de enero explicaciones a España sobre la conformidad con el derecho comunitario de proyectos urbanísticos vinculados a la percepción de fondos europeos.

Bösch asegura que la Comunidad Valenciana no aplica la nueva ley nacional del suelo porque la recurrió para regirse por la Ley Urbanística Valenciana "con nefastas consecuencias para los afectados".
Además pide información específica sobre el punto en el que se encuentra el procedimiento iniciado contra España por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades detectadas en los métodos de licitación de proyectos urbanísticos y la constatación de casos de corrupción de autoridades locales.
Esta solicitud está vinculada a muchos ejemplos concretos, pero en especial al caso de una familia austriaca en Orihuela Costa que lleva ocho años intentando eludir la acción de los urbanizadores. Los Wesenauer tienen su domicilio en Castillo de Don Juan, la finca Langostina. Compraron el terreno con una casa solariega de 3.450 m2 hace 12 años. La administración local autorizó agregar esa finca al cercano suelo del PAU 25-La Cuerda. Beneficiado, entre otros, con colectores de aguas residuales financiados con 2, 5 millones de fondos europeos.
El 3 y 4 de junio de 2001 un incendio arrasó parte de la pinada que iba a ocupar el plan a partir de 2003. A cambio de sumarlos al proyecto, esta familia -con dos niñas en edad escolar- ve reducida su propiedad a 1.786 m2 y debe aportar 43.869 euros para gastos de urbanización. El planeamiento les ubica un bloque de adosados modelo "Tulipán". Algo que no han pedido ni quieren, a pesar del supuesto beneficio económico.
El 23 de octubre de 2007 pasado los afectados denunciaron ante la Guardia Civil que "asaltaron su propiedad" sin permiso y "marcaron el terreno con estacas" correspondiente a los chalés que les endosan. La titular del Juzgado Número 6 de Orihuela acaba de archivar el caso y la familia ha remitido ese fallo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La embajada de Austria explicó en noviembre de 2007 por carta al Ayuntamiento que los "derechos legales como propietarios de todos los ciudadanos de los países de la UE deberían ser respetados". Pedía a la alcaldesa de Orihuela que tomara "medidas para conseguir un procedimiento transparente y ofrecer el amparo necesario". En su respuesta del pasado 17 de diciembre la primera edil Mónica Lorente ventila el asunto con antecedentes en el que se argumenta la legalidad del plan -según la legislación valenciana-, y dice que la familia Wesenauer pretende "eludir los deberes de cesión obligatoria y los gastos de urbanización" que le corresponden.
La urbanización está promovida por la empresa de un hermano de uno de los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela (San José) mientras que la urbanización del suelo es de otra mercantil local (Marcos), investigada por la fiscalía Anticorrupción en relación al uso de coches a nombre de sus empresas por parte de cargos públicos oriolanos.







* Levante-EMV - D. Pamies, Orihuela - 17 de febrero de 2008
Foto: Orihuela (Alicante), playa Aguamarina-Campoamor - mma.es

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