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Trece torres

Jul 9 •

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JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO* : Trece torres, trece agujas elevadas sobre el cielo alicantino que romperán la esperanza de una gran zona verde, de un gran paseo, de un lugar de esparcimiento en una ciudad a la que le sobra el cemento y le falta naturaleza. Y cuatro mil viviendas, un nuevo enjambre en el centro de la ciudad; que viene a sumarse a las miles que se prevén en los planes existentes y proyectados.

Quince mil personas, más o menos, en ese espacio que se prometía libre y que ahora se revela un nuevo Rabasa, más reducido es cierto, pero en un lugar más pequeño y del que esperábamos un desarrollo como el que existe en ciudades que soterraron sus vías para el AVE y dejaron expedito el lugar para el disfrute de la ciudadanía. Una oportunidad perdida, en caso de llevar adelante este proyecto, para que nuestra ciudad sea un poco más habitable.
Una propuesta que sale, según cuentan, del Ministerio de Fomento y que, de ser cierta y definitiva, pondría pocas diferencias reales con la política urbanística del PP, tan criticada por el PSOE con argumentos de peso, que precisaría, pues, explicaciones profundas para ser aceptada. Un Gobierno socialista no debe considerar que toda obra pública necesita de financiación en forma de ladrillo, pues en tal caso contribuirá a que se pueda convenir que idéntica razón ampara a los gobernantes alicantinos y valencianos cuando de abrir espacios públicos a la iniciativa privada se trata. Es necesario marcar las diferencias, que existen e importantes y no asumir iniciativas que las diluyan y lleven a confusiones innecesarias, pues éstas siempre benefician a quienes las practican como forma ordinaria de comportamiento y que están interesados en esa identificación que constituye su único argumento justificativo.
Que el soterramiento ha pasado de doscientos a seiscientos millones de euros en estos años es tan evidente como que dejar transcurrir otros diez aumentará la factura hasta el punto de que habría que construir centenares de torres para financiarlo. Eso no es motivo para que los alicantinos hayamos de sufrir los errores iniciales de cálculo o los posteriores acontecimientos que han encarecido la obra. Es necesario que desde Madrid se tome conciencia de la necesidad de empezar a actuar con mayor interés por esta Comunidad y esta ciudad; no es posible desde aquí, sin esa ayuda decidida, cambiar las cosas aunque cambien las personas. Y esto último, aun siendo imprescindible, no será nada por sí mismo sin esa colaboración activa del Gobierno, sin ese compromiso real que ha de verse reflejado en actuaciones concretas. Leire Pajín, a la que felicito por su nuevo puesto, así lo ha manifestado en el Congreso Federal del PSOE y entiendo que está, pues, obligada a intentar una modificación de la postura de Fomento. El soterramiento de la estación es, sin duda alguna, una buena forma de comenzar a implicarse en el cambio que estas tierras necesitan.
Que el PP en este asunto pueda aparecer como un partido que limita la voracidad constructora del Gobierno me parecería una burla a la realidad; que sea capaz de descolocar todos los discursos hasta ahora mantenidos por el PSOE por un error de estrategia o de comprensión ante la realidad alicantina, un fallo incomprensible que, no obstante, tiene aún remedio y debe tenerlo, pues no estamos hablando de formaciones políticas iguales en materia urbanística, sino profundamente diferentes. Errores de este tipo, casi infantiles, hacen tanto daño que pueden servir para destrozar lo hecho en varios años y anular esperanzas de futuro. No caben más equivocaciones, pues la factura cuesta mucho en pagarse, si alguna se vez se llega del todo a abonar.

Hay que cambiar de estrategia inmediatamente, invertir lo que sea necesario, preservar el entorno en los terrenos liberados conforme a los programas electorales del PSOE y denunciar, a la vez, al PP local y valenciano, que, a pesar del encarecimiento del proyecto, se ha negado absolutamente a invertir ni un euro más (aunque de nuevo parece que Mario Flores quiere introducir una nota de coherencia y seriedad en ese mundo complejo de su partido), a colaborar activamente en su realización, viendo en ello un horizonte de dificultades para el PSOE que han de aprovechar en su propio beneficio. Tal vez con esta posición consigan que fracase la llegada del AVE y se mantengan unos años más en el poder, pero habrá sido incumpliendo con las obligaciones que tienen para con la ciudadanía que espera de sus gobernantes acciones positivas, no obstáculos a lo que constituye el bien común.
Lo que se propone en la estación es una barbaridad que, como tal, ha de ser denunciada y enmendada. No es por medio de la construcción descontrolada como ha de financiarse la obra pública y menos en un momento de crisis en el que la venta de viviendas se hace compleja. Reivindico un crecimiento sostenible y espero que el PSOE, que lo mantiene en su programa, lo cumpla sin excusas. Si el PP luego no lo hace de ellos será la responsabilidad, pero para que así sea hay que enmendar los errores y no incurrir en contradicciones de difícil explicación.
Nota: el pleno de la Diputación, siguiendo el camino del Ayuntamiento y en clara infracción de la Ley de la Memoria Histórica, ha rechazado retirar el título de hijo predilecto a Franco. Conozco a algunos diputados provinciales del PP y sé que no son franquistas. No entiendo, por tanto, siendo algunos de ellos juristas, la razón por la que se obstinan en mantener símbolos de una época autoritaria, cuando la ley obliga a lo contrario. La disciplina de partido no puede llevarles a renunciar a sus creencias y a infringir dolosamente el ordenamiento jurídico. Una ley es superior a un reglamento y lo saben. Queda en los medios de comunicación lo dicho y algún día se lo recordarán, pues la vida política suele ser corta. Pero, a su vez, desde el Gobierno se debe implementar la ley, desarrollarla en sus aspectos prácticos, especialmente en lo referido a la legitimación para impetrar ante los tribunales su cumplimiento cuando se obvia la ley de forma manifiesta. La ley, sin su correspondiente reglamento, puede quedar inaplicada cuando nos encontramos en ciudades como Alicante o en comunidades como la valenciana donde el ordenamiento jurídico es sólo un obstáculo que se supera con mayorías en este caso ilegítimas, aunque sean legales. Reitero de nuevo y denuncio la ilegalidad manifiesta del cambio en la Sindicatura de Agravios. No reconozco al nombrado, al margen de sus méritos, pues ha accedido al cargo a través de una actuación ilegal. Insto al PSPV a que actúe en la forma debida ante los tribunales. Lerma puede, aunque haya perdido la costumbre, hacer algo hacia afuera del partido. Para algo es el presidente de la Gestora.



* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.




* Información - Alicante - Opinión - 08 de julio de 2008

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