Murcia: La juez investiga si Armero pagó con pisos y locales los favores urbanísticos que recibía

Feb 6 •

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LAVERDAD* : ¿Pisos a nueve, diez u once millones de pesetas en el año 2005? Parece que sí, que todavía existían. Al menos, para el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, quien adquirió una vivienda al supuesto precio de 64.193,7 euros (unos 10.695.000 pesetas) a su amigo y antes jefe, el constructor Facundo Armero.

La adquisición se formalizó el 23 de marzo del 2005 y, según se recoge en la denuncia interpuesta por la Fiscalía, fue la empresa Explotaciones Lo Ruiz S.L., de la que era administrador el propio Armero, quien le vendió el piso.

«Lo del piso, (Facundo) me vendió el piso al mismo precio que se lo vendió a todos los que están vivienda allí. O sea, que yo tengo las notas simples de todos los pisos, y el mío no es el más caro ni el más barato. Todos están entre los nueve, diez y once millones de pesetas», explicaba en mayo del 2007 el alcalde al entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, cuando éste le preguntaba por las posible razones por las que la Fiscalía podía haber abierto una investigación a García Madrid.

Pero el fiscal no cree que el valor real del piso sean esos 64.193,7 euros, ni piensa que sea casual que se lo comprara a la firma Explotaciones Lo Ruiz S.L.

Y no lo cree porque se da la circunstancia de que, al cabo de poco más de un año de que se cerrase esa compra, la citada empresa de Facundo Armero se vio favorecida por una decisión municipal, consistente en una licencia para construir un salón de celebraciones y banquetes, de nombre Acuario, en unos terrenos no urbanizables y en contra del informe jurídico de los técnicos del Ayuntamiento, que advertían de que esta obra no podía considerarse «al servicio de la carretera».

Así lo relata el fiscal en la denuncia que dio origen a la investigación coordinada por la titular del juzgado de Primer Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Aránzazu Moreno.

«PREVARICACIÓN Y COHECHO»

Estos hechos, según el Ministerio Público, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, «al conceder una licencia posiblemente ilegal, que supondría dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia». También podrían ser constitutivos, según señala, de otro delito de cohecho, «por la aceptación (por parte del alcalde) de adquisición de un piso, por un precio muy reducido, a cambio de favores posteriores».

Si el constructor Facundo Armero hubiese pagado de esa forma el supuesto trato preferente que se le estaría dando desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco -algo que está tratando de determinar la investigación judicial en curso-, no se habría tratado de un hecho aislado.

Así, y según se recoge en el relato realizado por el Ministerio Fiscal, al que La Verdad ha tenido acceso, la concejal de Infraestructuras, Josefa Marín Otón, que igualmente trabajó para Armero antes de entrar en política, también se habría beneficiado por la adquisición de bienes inmuebles a un precio presuntamente más bajo del de mercado. Dos empresas del constructor pachequero, Suelos Urbanos Pacheco S.L. y Promociones Nueva Sucina S.L., habrían vendido a la edil Marín Otón y a su marido, Francisco Javier Rodríguez Mañogil, un bajo comercial de 139 m2, por importe de 66.642 euros, y una nave industrial de 2.097 m2, por importe de 267.773 euros. En este último caso, el fiscal ha aportado en su denuncia un certificado de tasación de otra nave en el mismo polígono, por importe de 413.693 euros.

El propio fiscal reseña en su denuncia que «se desconoce la razón por la que se vende a la concejal o a su marido -casados en régimen de gananciales- los citados inmuebles a unos precios tan bajos».

«IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS»

«En el año 2004 se realizan en el seno del Ayuntamiento citado un gran número de operaciones urbanísticas que podrían exceder en muchos casos las meras irregularidades administrativas», señala en su denuncia el Ministerio Público, para dar paso a otro capítulo de supuestas corruptelas.

Tras indicar que las relaciones entre el alcalde García Madrid y la concejal Josefa Marín con el constructor Armero «vienen de épocas inmediatamente anteriores a coger aquéllos sus cargos políticos», especifica que García Madrid ejerció como abogado para el empresario y que la edil fue también empleada suya.

Pues bien, pese a que la ley les obligaba a ambos a abstenerse de participar en cualquier acto administrativo que pudiera tener relación con su antiguo patrón, ambos votaron en comisión de gobierno, en varias ocasiones, a favor de que se abonasen a Facundo Armero distintas facturas, obras, certificaciones y órdenes de pago, en concreto a su empresa Construcciones Torre Pacheco S.A. Constan al menos siete pagos de facturas, por un importe global de 755.872 euros (casi 126 millones de pesetas).

«En esas votaciones -insiste el fiscal- incumplen ambos denunciados el deber de abstención que les viene impuesto por el artículo 28 de la Ley 30/92», de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Y considera que, sólo por estos hechos, pueden haber incurrido el alcalde y la concejal en los supuestos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y tráfico de influencias.

«ADJUDICACIONES DIRECTAS»

Otra de las cuestiones que la Fiscalía consideraba que debían ser investigadas es la que se refiere a los convenios urbanísticos suscritos entre empresas de Facundo Armero -y que, en algún caso, como es el de Polaris World Development S.L., también lo eran de quien fue su socio Pedro García Meroño- y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.

Reseña aquí el fiscal que «otra de las actividades realizadas por el Ayuntamiento encabezado por el alcalde consiste en utilizar los convenios urbanísticos para adjudicar de forma directa obras a determinadas empresas (...), y ello evitando la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

De esta forma, en al menos tres convenios firmados con las empresa Polaris World Development S.L., Mar Menor Capital S.L. y Promlev S.L. habrían sido eximidos de abonar el 10% del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento, a cambio de construir, respectivamente, un edificio para los servicios de seguridad, una biblioteca y una escuela infantil en Balsicas, además de asfaltar una carretera.

El problema, en estos casos, no era que el municipio se viese compensado, sino que con esas decisiones se estaba incumpliendo supuestamente la ley que obliga a adjudicar esas obras (biblioteca, centro integral de seguridad, guardería...) mediante concurso público. Y ello, según el fiscal, constituye una irregularidad más.






* La Verdad - M. BUITRAGO / R. FERNÁNDEZ - 6 febrero 2008
Foto: REGISTRO. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se llevan cientos de expedientes del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el registro realizado el 19 de junio pasado. / JOSÉ M RODRIGUEZ / AGM


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