La ley anticorrupción vigente desde 2007 no se aplica en los municipios

Jun 19 •

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ELPAIS* : Las medidas anticorrupción introducidas en la Ley del Suelo aprobada en mayo de 2007, que afectaban a concejales y alcaldes, no se pueden aplicar por falta de base jurídica para hacerlo. En la disposición adicional novena de esa Ley se establecían medidas de transparencia, como la obligación de publicar cada año las declaraciones de bienes de concejales, alcaldes y miembros no electos de los gobiernos municipales.

En esa disposición se decía que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados por el Estatuto municipal".

Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos, porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Gobierno Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. Esta laguna jurídica permite a los ayuntamientos no aplicar uno de los instrumentos que el Gobierno socialista creó en el pasado mandato para combatir la corrupción urbanística.

Gijón es uno de los pocos ayuntamientos españoles en los que, por acuerdo del pleno, todos los concejales han decidido hacer pública su declaración de bienes y actividades aunque carecen del Estatuto municipal que debería regular esta situación.

Desde que en abril de 2006 la Operación Malaya destapó en Marbella (Málaga) el mayor caso de corrupción habido en una Administración pública en España, nueve alcaldes -y decenas de concejales- han sido detenidos por corrupción urbanística en distintos puntos del país: seis del PP, uno del PSOE, uno del Partido Andalucista y una del GIL, la de Marbella. Además del que fuera regidor de Ciempozuelos (Madrid), a quien el PSOE forzó a dimitir poco antes de ser imputado. Todos, salvo este último, eran alcaldes de municipios costeros de Andalucía y Murcia, y de Canarias y Baleares.

Mientras el PSOE ha optado por la expulsión del partido de sus cargos públicos imputados, el PP ha dudado: en unos casos ha dado de baja a sus dirigentes implicados en casos de corrupción, pero en otros los ha mantenido y siguen al frente de las instituciones donde saltó el escándalo.

El PSOE recuerda que en estos casos hace tiempo que adquirió el compromiso de expulsar a todos aquellos cargos socialistas en cuya conducta "existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de sus funciones". También aseguran los socialistas que si ahora se conocen más casos de corrupción es sólo porque el Gobierno se ha volcado en destaparlos mientras en otras épocas "se dejaba hacer".

En el PP no lo tienen tan claro. Ha habido casos donde se ha expulsado a alcaldes o concejales detenidos o imputados por corrupción (en Telde y Andratx), mientras que en otros casos, como los de Mogán, Alhaurín el Grande o el del presidente de la Diputación Provincial de Castellón, prefieren esperar a ver si la instrucción judicial termina con el procesamiento de los dirigentes populares antes de actuar.Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE), fue condenado en noviembre de 2006 a seis meses de inhabilitación por delito electoral. Fue indultado por el Gobierno y volvió a ser elegido alcalde.

CÓDIGO ÉTICO DEL PP

- Artículo 8. Comunicar a la dirección del PP y poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito.

- Artículo 10. Constituirá motivo de expulsión inmediata la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros.

Andratx (Mallorca)

Eugenio Hidalgo (PP) Siendo alcalde fue detenido en noviembre de 2006 y condenado

a cuatro años de prisión el pasado mes de mayo. Se había construido un chalé ilegal en un área protegida.

Telde (Gran Canaria)

Francisco Valido (PP) fue imputado por cohecho en noviembre de 2006 por presuntos cobros de comisiones a cambio de contratos. Suspendido de militancia por el partido, renunció a la alcaldía.

Mogán (Gran Canaria)

Francisco González (PP) sigue siendo alcalde. Revalidó su mayoría absoluta en 2007 a pesar de estar en libertad con cargos por cohecho y malversación. El partido lo apoya porque aún no hay sentencia judicial.

Alhaurín (Málaga)

Juan Martín Serón (PP)

fue detenido en enero de 2007. Está imputado por cohecho y prevaricación por su participación en una presunta trama urbanística. Sigue siendo alcalde, en libertad con fianza.

Totana (Murcia)

José Martínez Andreo (PP), detenido junto a otras 15 personas en noviembre de 2007 por corrupción urbanística. En prisión hasta febrero de 2008, pagó una fianza de 70.000 euros y volvió a su puesto de alcalde.

Diputación de Castellón

Carlos Fabra (PP), presidente de la Diputación de Castellón, está acusado de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal. Su partido lo apoya plenamente y él mantiene todos sus cargos.

CÓDIGO ÉTICO DEL PSOE

- Artículo 44. Faltas muy graves. 1) La falta de probidad y honradez en el desempeño de cualquier cargo público [...] 2) La utilización del nombre del partido para el lucro personal.

- Artículo 46. Podrán imponerse las siguientes sanciones en supuesto de faltas muy graves: Suspensión de militancia de más de un año y hasta dos años; inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos por un periodo de más de un año y hasta dos años; inhabilitación para desempeñar cargos públicos dependientes del partido más de un año y hasta dos años; expulsión del partido.

Ciempozuelos (Madrid)

Antonio Torrejón (PSOE) Su partido le forzó a dimitir, en octubre de 2006, poco antes de ser imputado por cohecho y blanqueo. En libertad bajo fianza, concurrió a las elecciones con otro partido y es concejal.

Carboneras (Almería)

Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE), fue condenado en noviembre de 2006 a seis meses de inhabilitación por delito electoral. Fue indultado por el Gobierno y volvió a ser elegido alcalde.

Estepona (Málaga)

Antonio Barrientos (PSOE) fue detenido ayer junto a otros ediles y funcionarios por el supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obras. El partido anunció la expulsión de este alcalde.




* ELPAIS.com - J. M. R. - Madrid - 18/06/2008
Foto: especulacion viñeta

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