Instaurar el derecho a la ciudad

Mar 1 •

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Este artículo es un fragmento de nuestra ponencia en la Jornada sobre el estado social y la vida digna organizada por el Ararteko, Defensoría del Pueblo del País Vasco, el pasado 3 de octubre de 2014 en Bilbao. El artículo completo (que podéis consultar haciendo clic aquí) se titulaba «El derecho a vivir en espacios socio-urbanos dignos y el derecho de participación ciudadana», un nombre sugerido por el entoces Ararteko, Iñigo Lamarca. El texto formó parte de una publicación más amplia que recogía las distintas ponencias de el encuentro.

A continuación podéis leer nuestras reflexiones en relación a como impulsar el derecho a la ciudad. Es decir, a cómo transformar la práctica urbanística de la burbuja inmobiliaria —en la que urbanismo desgraciadamente se convirtió en sinónimo de especulación— en una herramienta para generar espacios en los que las personas puedan desarrollar un vida digna con plenas garantías. Esperamos que os resulte interesante. Ya sabéis que nos podéis hacer llegar vuestras reflexiones a través del apartado de comentarios disponible al final del post.


Instaurar el derecho a la ciudad

El título de artículo bien podría resumirse en ese «derecho a la ciudad» que reclamaba el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre en su homónimo y totémico libro[1]. Evidentemente, resultaría una osadía haber tratado de plantear ese mismo nombre para este texto. No obstante, ese concepto tal vez responda mejor a las ideas que se quieren desarrollar en él. En este sentido, Lefebvre se refería al «derecho a la ciudad» como uno de los derechos fundamentales de las personas, un derecho que implica la motivación de la ciudadanía para construir la ciudad de forma colectiva, como parte de un proyecto común. La obra, que surge a raíz de analizar el desarrollo de ciudades en los países de economía capitalista, denuncia la transformación de la ciudad en un mero producto al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. 

Estas ideas sobre el entorno urbano fueron planteadas a finales de los años 60, pero siguen siendo totalmente vigentes a día de hoy. No solo porque numerosos autores las sigan reivindicando y reformulando en sus textos (David Harvey, Saskia Sassen o Jordi Borja pueden ser los referentes más destacados), sino porque la propia realidad nos ha demostrado cómo en el último medio siglo la ciudad se ha convertido, entre otras cosas, en un mecanismo absolutamente eficaz para dar rienda suelta a las lógicas especulativas del sistema financiero global. De esta manera, la ciudad ha dejado de ser en gran medida un espacio de encuentro, relación, debate y emancipación social, para pasar a ser un subproducto urbanístico anodino de las operaciones orquestadas desde los poderes económicos y políticos.

Esta situación se ha hecho especialmente palmaria en el Estado español: ahí tenemos toda una  burbuja inmobiliaria que lo demuestra, con todas sus dramáticas causas y consecuencias. Así, en los últimos veinte años hemos visto ciudades crecer bajo una única directriz: la especulación. Durante ese periodo consolidó un modelo de ciudad antisocial e insostenible que, por noma general, hundía sus raíces en la corrupción y el tráfico de influencias. 

Alcanzar dicho escenario fue posible gracias a una confluencia de diversos factores. Si bien no se pretende realizar un exhaustivo análisis crítico de aquella época, sí conviene apuntar sucintamente algunas de las claves que permitieron trazar los contornos del urbanismo depredador y la expansión injustificada de las ciudades[2].


Por una parte, estaba la especulación financiera, o cómo los bancos se enriquecieron a costa de engañar a la gente con hipotecas abusivas o créditos a empresas promotoras. Las entidades financieras suministraron indiscriminadamente el combustible para que el motor de creación de la burbuja inmobiliaria funcionase. Por otra, cabe señalar la irresponsabilidad de las Administraciones Públicas que facilitaron los marcos legales y normativos para que la burbuja fuese posible, ya sea con la Ley del Suelo de 1997 —aprobada durante el mandato de José María Aznar—, como con la redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana municipales con el único objetivo de producir beneficios para cargos públicos, empresas promotoras y constructoras. Lo que generó un entramado corrupto cuya cara más visible posiblemente sea el caso Bárcenas, pero que también alcanza a escalas más pequeñas  y a otros partidos.

Finalmente, está el papel de los urbanistas y arquitectos, quienes ofrecieron la coartada técnica necesaria para hacer viable los planes urbanísticos expansivos y las promociones descabelladas, cuyos vestigios y esqueletos asolan actualmente nuestros paisajes. De esta forma, gran parte de urbanistas y arquitectos se convirtieron en los «mamporreros» del territorio, en tanto que permitieron con sus diseños y sus firmas que el aparato especulativo y corrupto introdujera su semilla en él. Los primeros redactando planes urbanísticos insostenibles, depredadores, expansivos y absolutamente aberrantes. Los segundos firmando obras de arquitectura espectáculo que suponían sobrecostes desorbitados, que no eran sino en beneficio de la empresas constructoras y promotoras, intermediarios y políticos de moral laxa. Mientras tanto escuelas de arquitectura, publicaciones y colegas de profesión aplaudían estas «hazañas» de la arquitectura.

Esta comunión de intereses económicos, políticos y técnicos ha producido, como se apuntaba, un paisaje[3]que se caracteriza por los millones de casas vacías y cientos de miles de desahucios anuales, miles de edificios públicos vacíos,  inutilizados o inacabados; una sucesión de «ruinas modernas» a lo largo y ancho del Estado, así como de  infraestructuras sin terminar, vacías o infrautilizadas, sin olvidar las miles de hectáreas de suelo urbanizado a la espera de nuevas edificaciones que seguramente nunca llegarán, así como el desparrame urbano (sprawl) producto de unas políticas urbanísticas extensivas. Algo que en resumen se podría denominar como la ciudad indigna. Un modelo que atenta de manera directa contra el derecho a la ciudad enunciado por Lefebvre.

Una vez llegados a este punto hay que comenzar a construir en positivo, así como plantear una una depuración de responsabilidades. Por lo que parece, todos esos entramados especulativo y corrupto, salvo contados casos, están saliendo indemnes. Mientras tanto, los arquitectos echan balones fuera: «han sido otros», dicen. Pero eso no es así. Es por ello que hace falta que la Justicia actúe sin vacilaciones: en la Administración Pública, por haber entrado en el juego de la corrupción buscando su lucro personal e institucional y haber olvidado que su deber es garantizar el bienestar social, a los poderes económicos por haber generado una estafa que ha llevado a un país entero a la quiebra, y a los profesionales, por haberlo hecho viable técnicamente. Paralelamente, convendría pensar en estrategias para socializar esos beneficios que han ido a parar a manos de unos pocos, utilizar toda esa ingente cantidad de dinero para subsanar todo el daño causado. Y que esto sea una lección muy severa para que a nadie se le vuelva a ocurrir repetirlo.


En cuanto a la solución, si bien no se puede simplificar, deberíamos de comenzar a trabajar con un objetivo claro: garantizar el derecho pleno a la ciudad digna. Y para ello se necesitan nuevas formas  de pensar para solucionar los problemas creados las viejas formas de pensar. Si queremos que eso suceda son indispensables, al menos, dos ingredientes: una férrea voluntad política que se traduzca en acuerdos y compromisos concretos; y una transformación radical de la profesión urbanística y arquitectónica. Recuperar la función social del urbanismo y la arquitectura es indispensable. Ponerlas a trabajar en pos del derecho a la ciudad. Y para ello es necesario comenzar a trabajar codo con codo con la ciudadanía y poner a su disposición nuestras herramientas y conocimientos para plantear una regeneración colectiva de nuestras ciudades desde la base social.  Quienes estamos trabajando en esta línea tenemos la responsabilidad de demostrar que otra manera de construir ciudad y arquitectura no solo es necesaria, sino que es posible y es mejor.

Desde luego, el panorama descrito más arriba no parece establecer unas condiciones de partida muy favorables para una profesión que, nos guste o no, hasta el momento ha estado volcada en el crecimiento urbano. No obstante, si el (mal) urbanismo y planeamiento nos han traído hasta aquí, parece lógico que algunas de las soluciones o vías de escape que se planteen a la coyuntura actual también habrán de surgir desde la práctica urbanística, pero planteada desde un enfoque completamente diferente. Como se decía, es obligación compartida entre arquitectos y urbanistas dar un giro rotundo a la práctica profesional. Para lo cual no hay que inventar la rueda, sino recuperar herramientas y metodologías postergadas y actualizarlas para que respondan a las nuevas lógicas de red y al cambio de época.


[1] LEFEBVRE, Henri: El derecho a la ciudad. Barcelona: Península, 1969.
[2] Sobre los efectos de este urbanismo depredador recomendamos dos informes que determinan el exponencial crecimiento urbano de las últimas décadas: NAREDO, José Manuel.; GARCÍA ZALDÍVAR, Ricardo (coord.): Estudio sobre la ocupación de suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de Madrid. Madrid: revista Hábitat, 2008 (disponible en: http://habitat.aq.upm.es/oscam/); y la serie de informes Destrucción a toda costa publicados por Greenpeace desde 2006 (disponibles en: www.greenpeace.es)
[3] Sobre los paisajes generados por la burbuja inmobiliaria recomendamos tres referencias de diferente carácter y formato, pero que permiten comprender de una manera muy visual los efectos del desenfreno urbanístico que ha asolado el Estado en las últimas dos décadas:
      Nación Rotonda. Página web que recoge un inventario visual del desastre urbanístico español de los últimos 15 años a través de ortofotos: http://www.nacionrotonda.com/
      6000 km. Un proyecto de Basurama que invita a reflexionar sobre el metabolismo de las ciudades, haciendo visibles ciertos paisajes-territorios relacionados con la producción, consumo y desecho de materiales y energía. A través de fotografías panorámicas, textos y documentos se muestran los lugares donde se crea, gestiona, manipula y negocia con basura, entendida en su concepto más amplio. Además de los más obvios —vertederos y montañas de chatarra—, se exploran otros como son las infraestructuras de transporte o los desarrollos residenciales. 6000 km son los kilómetros de autopista que el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) preveía construir hasta el año 2020 http://www.6000km.org También disponible la publicación del proyecto 6000 km. Paisajes después de la batalla.
      El libro Ruinas Modernas de Julia Schulz-Dornburg contiene inventario fotográfico de la construcción especulativa en España. Se retratan parajes ocupados por urbanizaciones abandonadas: paisajes residuo que muestran la herencia en el territorio del estallido de la burbuja inmobiliaria. 



Créditos de las imágenes:
Imagen 01: Reclaim Your City! (fuente: fensterzumhof.eu)
Imagen 02: Promoción inmobiliaria desmedida en Seseña (fuente: inzoco.com)
Imagen 03: Taller vecinal en Alcalá de Guadaíra (fuente: Paisaje Transversal)

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