[Hipoteca + Paro] = [ Intervención pública + Alquiler].

Ene 19 •

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La crisis se está cebando -y lo que te rondaré, morena- como siempre, con la parte más débil de la sociedad. La cadena siempre se rompe por el eslabón más frágil. Y mientras los gobiernos inyectan miles de millones de supuesta liquidez a bancos y corporaciones privadas, en el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco nos preocupan más las personas, las familias que, tras esta borrachera burbujística inmobiliaria, ahora, en la época de las vacas flacas, pueden llegar a una situación desesperada. Una hipoteca para el pago de una vivienda libre o protegida que en época de bonanza es algo duro pero asumible para una familia trabajadora, en épocas de crisis y paro puede resultar una condena a la exclusión social, vía ejecución hipotecaria, embargo y desahucio.

javier madrazoEsta preocupación nos ha llevado a proponer una "red de emergencia", un paracaídas de ayuda para evitar el colapso de esta parte más débil de la sociedad: l@s hipotecad@s que caen en el desempleo y ven que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. ¿Cómo? Pues nuestra idea de intervención pública, a diferencia de lo que el Gobierno Zapatero ha hecho hasta ahora, no es la concesión indiscriminada de "cheques regalo", ni de ayudas a fondo perdido a bancos o empresas o a particulares. La idea está basada en un principio de corresponsabilidad, en el "quid pro quo": yo te compro la vivienda y te la alquilo, y así podrás seguir viviendo en tu casa, pagando mucho menos que tu letra hipotecaria, pero con contrapartidas para las dos partes implicadas (hipotecado e hipotecante, o sea, banco).

Javier Madrazo, el Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, de Ezker Batua-Berdeak,(en la foto de la izquierda) ha presentado esta mañana dos medidas de "salvamento" basadas precisamente en esta idea: la intervención pública adquiriendo la vivienda en determinadas condiciones y poniendo al endeudado insolvente en alquiler social mientras persista su situación de desempleo.

Para viviendas libres, hemos estipulado un precio y deuda máximos que no pueden pasar de 275.000 € para ser objeto de esta iniciativa. El banco debe acordar con el acreedor, para que nos hagamos con la vivienda, y paguemos su hipoteca, una QUITA de al menos el 20% de la deuda viva (un descuento de la deuda, al igual que ocurre en los procesos de quiebra de las empresas: si quieres cobrar, descuéntame una parte y te compro la deuda"). El gobierno compra la vivienda, la califica como protegida (aquí, en Euskadi, la calificación supone su intervención de porvida, de manera permanente: esta vivienda se "escapa" del circuito de la especulación para siempre) y se la alquila a renta social a sus ex-propietarios, que tendrán opción de compra para que, si su situación mejora, puedan recomprarla en el futuro, al mismo precio protegido.

En el caso de viviendas protegidas, proponemos algo parecido, aunque sin necesidad de limitar o "quitar" deuda del precio, que ya está intervenido por ley: el propietario vende al Gobierno y pasa a ser inquilino mientras su situación siga siendo económicamente insolvente para hacer frente a su hipoteca.

Pensamos que precisamente para esto está la comunidad, las administraciones: para ayudar a quien lo necesita en el cambio de ciclo, siempre que se garantice que nadie patrimonializa en su bolsillo particular esta ayuda, sino que se destina a solucionar un problema vital y que tiene repercusiones, contrapartidas, de interés público. El hipotecado insolvente renuncia a la propiedad y pasa a alquiler, además de reducir el valor de su vivienda (a la vez que se reduce el de su deuda) y transformarla en vivienda protegida si no lo es, de manera que la vivienda entra en el "circuito intervenido" por la administración -libre de especulación-, y los bancos se aseguran el cobro de una buena parte de la deuda sin necesidad de acudir a los siempre costosos y duros procedimientos de ejecución hipotecaria y embargo y desahucio, eso sí, renunciando a esa "quita" como en cualquier proceso concursal de una empresa en riesgo de quiebra. No sería justo que las entidades financieras no pusieran nada de su parte para resolver el problema, precisamente quienes fueron colaboradores necesarios y grandes favorecidos por la burbuja inmobiliaria y la fiebre compradora de hasta hace poco.

¿Qué os parece la idea? ¿La consideráis justa, equilibrada? ¿Pensáis que servirá, tal como está diseñada, como una "red de emergencia social" contra la exclusión?

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