Expertos advierten que la corrupción de la Costa se habría trasladado al interior

Jun 7 •

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MÁLAGAHOY* : Los criminólogos que en julio de 2003 publicaron el reputado y criticado estudio sobre la corrupción urbanística en la Costa del Sol, en el que alertaban de una situación delictiva instaurada que después fue evidenciada por casos como Malaya, Hidalgo o Ballena Blanca, han publicado un nuevo trabajo en el que avisan de que estas prácticas ilegales podrían haberse "trasladado a contextos más favorables" y hablan de "urbanismo salvaje en la segunda franja del litoral".

La Revista Española de Investigación Criminológica recoge el trabajo del director del Instituto de Criminología de Málaga, José Luis Díez Ripollés, y de la criminóloga especializada en delincuencia económica y organizada Alejandra Gómez-Céspedes titulado La corrupción urbanística: estrategias de análisis, una investigación que supone una revisión del que publicaron hace cinco años y que levantó ampollas entre los ayuntamientos costeros y el sector inmobiliario al destacar la existencia de corruptelas en las corporaciones locales y la permisividad para blanquear dinero procedente de las mafias con inversiones en la construcción.

Este nuevo estudio, cuyas numerosas horas de trabajo se han plasmado en 37 páginas, refleja un cambio de mentalidad ante este tipo de delitos, la mayor implicación de los poderes públicos para perseguirlos y alerta del previsible trasvase a municipios menos llamativos.

Ripollés y Gómez-Céspedes manifiestan que las recientes intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han producido un cambio de la visión social que se tenía de este tipo de delincuencia, que con un cierto halo romántico se calificaba de cuello blanco y que se beneficiaba por la reputación y el prestigio de los que la llevaban a cabo.

Esta nueva mentalidad también se ha instaurado en las instituciones. Ambos criminólogos señalan que a partir de 2004, a raíz del doble crimen del hotel Andalucía Plaza de Marbella, el Ministerio del Interior reforzó las unidades de la Udyco Costa del Sol, se crearon los Grupos de Respuesta Especial contra la Delincuencia Organizada (Greco) y puso en marcha los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil. Además, se potenció el apoyo de la Brigada de Investigación del Banco de España y la puesta en marcha de fiscalías especiales.

No obstante, los autores valoran como gran logro de estos últimos tiempos la mayor implicación de las distintas administraciones. "Hasta hace muy poco tiempo, el control de la actividad urbanística de la Costa del Sol estaba caracterizado por inspecciones tímidas y poco frecuentes a nivel local. Cuando el cumplimiento de la legalidad se elevaba a instancias autonómicas (Junta de Andalucía) o judiciales (activadas generalmente por particulares), ésta tampoco se subsanaba, cuando menos de manera eficaz. El largo periodo de tiempo que transcurría hasta la adopción de resoluciones sancionadoras administrativas ha motivado que la inmensa mayoría de edificaciones ilegales no sólo se construyeran sino que se habitaran", señalan los criminólogos, que reflejan la cuestionable eficacia de iniciativas como el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de Andalucía Occidental, puesto en marcha en 2006 por la Junta de Andalucía e impugnado por los alcaldes socialistas de Estepona y Mijas.

El estudio señala que el cambio en la tendencia permisiva existente hasta entonces con la mayor implicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "que se había mantenido pasivo" , fue con la primera sentencia condenatoria contra Julián Muñoz. Este nuevo panorama ha provocado "un notable aumento de las diligencias previas incoadas por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia de Málaga, que pasan de 29 en 2002 a 99 en 2006".

A esta nueva tendencia en el ámbito autonómico y judicial hay que unir las actuaciones del Gobierno de la nación, con la aprobación de la Ley 8/2007 del Suelo y el aumento de investigaciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Ripollés y Gómez-Céspedes concluyen que "los últimos datos facilitados por el Colegio de Arquitectos de Málaga indican que la construcción de nuevas viviendas en la provincia retrocedió casi un 20% en los tres primeros meses de 2007. Creemos que, además de la desaceleración del mercado inmobiliario, las actuaciones de la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Ministerio Fiscal han jugado un papel determinante en el freno del urbanismo salvaje de la Costa del Sol".

No obstante, los autores advierten de un posible trasvase de estas prácticas urbanísticas irregulares y delictivas afirmando que, "mientras la construcción de viviendas ha descendido en todos los municipios de la Costa del Sol occidental, en algunas localidades del interior esa bajada es casi imperceptible. Por ejemplo, mientras que en Marbella el descenso de la edificación de casa nueva rondó el 70%, en Ronda los visados aumentaron un 163% y en Álora un 468%".

Esta situación hace que los autores se cuestionen "si realmente las actuaciones de los poderes públicos han tenido la capacidad de reducir el problema, o si simplemente se ha trasladado a contextos más favorables. En algunos círculos informados se habla del urbanismo salvaje de la segunda franja del litoral".

Los criminólogos finalizan la investigación reflejando los síntomas de este nuevo panorama. "Hasta el momento no podemos saber al detalle qué tanto ha influido el cambio de actitud de los poderes públicos en el control de la actividad urbanística de la Costa. Intuimos que el descenso de la vivienda nueva no puede atribuirse solamente a una desaceleración del mercado. Más bien parece que en la zona se han comenzado a cerrar o dificultar el acceso a espacios vulnerables a la corrupción y especulación urbanísticas".




* Málaga Hoy - Pablo D. Almoguera - 06.06.2008
Foto: Manilva - J.R. (El País)

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