El fiscal imputa 5 delitos al ex alcalde de Labastida y a los promotores del golf

Jul 9 •

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ELCORREO/Álava* : El controvertido proyecto para construir un campo de golf y 750 viviendas en Labastida ha entrado en vía judicial. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de la localidad Ignacio Gil Orive (PP) y los tres promotores del complejo -Luciano Soraluze, Javier Corta y José María Elías, todos afincados en Guipúzcoa- por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación.

¿El motivo? La transmisión de terrenos de propiedad pública a la sociedad promotora del golf a un precio «muy inferior» al de mercado para lograr importantes plusvalías de las operaciones.

La imputación del Ministerio Público llega después de seis meses de investigación recopilados en nueve tomos de prolija documentación. Ahora, la pelota está en el tejado del Juzgado Decano de Vitoria, que deberá remitirlo al juez para que decida si abre diligencias, o por el contrario, archiva el caso. De momento y a la espera de nuevos acontecimientos, todo apunta a que la denuncia del fiscal podría ser la puntilla a un proyecto bastante cuestionado.
Y todo ello bajo la sombra de las presuntas irregularidades cometidas en el golf de Laguardia, que ha dejado tres empresarios imputados por un intento de soborno a un concejal de Eusko Alkartasuna y un complejo políticamente muerto.
Hasta la fecha, la actualidad en torno al golf de Labastida se había centrado en la ocupación que el proyecto hacía de 11 hectáreas de terreno medioambientalmente protegido, como así lo había advertido la Comisión de Urbanismo del Gobierno vasco (COPU), lo que obligaba a cambiar su diseño. La construcción del 'green' y las 750 viviendas cuenta con el amplio respaldo del PP (4 ediles) y el PNV (2), ambos partidos en la oposición. Eso sí, el alcalde de EB, Higino Arinas (2), investido gracias al apoyo de los jeltzales y un independiente, es un firme opositor a que el proyecto se haga en Labastida, una localidad con 1.513 habitantes.

Pero la polémica ha llegado ahora al terreno judicial. Según se recoge en la denuncia de la Fiscalía, el ambicioso plan nació en 2003 con el propósito de construir un campo de 18 hoyos y 750 viviendas sobre una superficie de un millón de metros. Los promotores fueron el Grupo Sorelor y San Ginés Labastida S.A. Es este último el que tomó las riendas del proyecto incorporando en su capital a Narbalur S.L. (56%) -cuyo administrador es Luciano Soraluze-, a Javier Corta (20%), a José María Elías (4%) y a la sociedad pública Labastida Gestión Municipal S.L. (20%), «creada 'ad hoc'» por el Ayuntamiento el 28 de julio de 2005, con Gil Orive en la Alcaldía.

Plusvalías

En los siete folios de la imputación, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, indica que el ex regidor popular, «en connivencia» con los promotores, «ideó» un medio para conseguir que el patrimonio inmobiliario municipal afectado por el proyecto «fuera incorporado al patrimonio de los promotores privados por un precio muy por debajo del real», con el fin de «beneficiarles» y que «todas las plusvalías recayesen en ellos». Estas aportaciones se realizaron a través de dos ampliaciones de capital de San Gines Labastida S.A., «con manifiesto perjuicio al patrimonio público».
Cuando el Ayuntamiento creó la sociedad Labastida Gestión Municipal para participar en el proyecto, la dotó de un capital social de 55.000 euros, de los que 2.430 fueron en metálico y el resto, lo correspondiente al valor de 25 parcelas. El fiscal asegura que en esa tasación «no se tomó en cuenta en modo alguno» las plusvalías que se iban generar ya que la mayoría del terreno público estaba donde se iban a levantar las viviendas. Pese a ello, subraya el Ministerio Público, se tasaron como tierras «improductivas», «cultivo de secano» o «erial de pastos».
Entre el 10 y el 16 de febrero de 2006, se hicieron otras dos operaciones relevantes que marcan la singladura del proyecto. Primero, el Consistorio decidió ampliar el capital de Labastida Gestión Municipal S.L. por un importe de 192.000 euros, que cubrió con 414.000 metros. Días más tarde, este patrimonio pasó a la sociedad San Ginés Labastida.
Izagirre dice en su denuncia que «tan irregular proceder» se debió a la «connivencia» del ex alcalde y los promotores para no inscribir las operaciones en el registro mercantil, pese a que Gil Orive, ahora juntero, tenía obligación de hacerlo.
Como consecuencia del 'modus operandi' empleado, en la actualidad la sociedad pública Labastida Gestión Municipal «no es titular de ninguna de las fincas que constituyeron su capital social» y por ende, «se ha producido un vaciamiento patrimonial en favor de San Ginés Labastida S.A», promotora del campo.
Pero según el fiscal, el asunto no queda ahí, ya que mientras el Ayuntamiento sólo es titular del 20% de los 474.000 metros aportados, el resto de terrenos continúa estando a nombre de los otros socios y no al de la sociedad San Ginés.
Gil Orive fue exculpado en 2005 de un presunto delito de narcotráfico, tras ser detenido un año antes por la Ertzaintza. El arresto provocó que dimitiera como juntero, aunque siguió en la Alcaldía.
Como ya ocurrió en Laguardia, parece, al menos de momento, que el proyecto de Labastida quedará en vía muerta. Más si cabe después de la crisis sufrida por el PNV de la localidad, cuyos concejales apoyan el plan del PP, pese a las reticencias del Araba buru batzar (ABB), que en abril disolvió la junta local por los encontronazos internos entre sus afiliados en torno al golf. Después de lo ocurrido, el ABB podría dar el golpe de gracia al proyecto.





* El Correo Digital - 09.07.08 -ADOLFO LORENTE
Foto: El proyecto para construir el campo de golf de 18 hoyos y 750 viviendas se ubica en la zona conocida como San Ginés. / JOSÉ MONTES, elcorreodigital.com

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