El Defensor del Pueblo cree que la ley urbanística valenciana diluye la responsabilidad pública

Jun 7 •

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LEVANTE* : El Defensor del Pueblo considera que el marco normativo de la Comunitat Valenciana en materia urbanística introduce novedades que pueden "desvanecer la plena asunción de la responsabilidad que incumbe a los poderes públicos en el desarrollo armónico del territorio".

Así se recoge en el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2007, al que ha tenido acceso EFE, en el que se afirma que la ejecución del planeamiento urbanístico "adolece de serios problemas relacionados con la complejidad de la gestión administrativa y con las dificultades para llevar a efecto sus previsiones, especialmente cuando se acude al sistema de compensación".

El Defensor del Pueblo cree necesario que la legislación aborde un régimen de cumplimiento más estricto de los preceptos que establecen el requisito de evaluación ambiental previa, vinculada a los proyectos de infraestructuras.

En el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2007 buena parte de las quejas recibidas en materia de medio ambiente se refieren a la ausencia o falta de consideración de las evaluaciones de impacto ambiental que acompañan a los proyectos.

El Defensor del Pueblo cree que con una legislación más estricta se evitarían "aquellos comportamientos administrativos que soslayan o prescinden del principio de protección del medio ambiente".

De las 2.932 quejas recibidas en materia de ordenación territorial, la mayor parte (2.267) se refieren a urbanismo y vivienda, 492 a medio ambiente y 173 a ordenación y planificación territorial.

La contaminación acústica continúa siendo objeto de un número importante de quejas, especialmente en lo referente a la lenta reacción de las administraciones ante las denuncias de ruido excesivo.

El informe señala que la Administración, principalmente las corporaciones locales, "pueden mejorar mucho su capacidad de respuesta rápida ante las actividades contaminantes que impediría que se consumara la lesión de los legítimos derechos de los ciudadanos".

La insuficiencia de recursos hídricos en relación con determinados planes urbanísticos que no garantizaban un abastecimiento adecuado ha sido también objeto de queja en 2007.

El informe liga la insuficiente protección de los espacios naturales a la eficacia o a la propia aprobación y puesta en marcha de los planes de ordenación de los recursos naturales.

En el de este año destacan las investigaciones seguidas respecto al retraso en la aprobación del plan para la Sierra de Guadarrama, en Madrid, y la modificación, impugnada ante los tribunales, del plan de ordenación de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, en Castilla y León.




* Levante-EMV - EFE - 05.06.2008
Foto: Valencia, consell cultura - cvc.gva.es

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