Crisis en el urbanismo de Cantabria. Sin noticias del Gobierno

Mar 16 •

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ELDIARIOMONTAÑÉS* : Agua de borrajas. En eso parece haberse quedado el acuerdo del Parlamento de Cantabria en el que instaba al Gobierno regional a buscar una solución al problema de las sentencias de derribo de viviendas en la comunidad autónoma. Han transcurrido tres meses y el Ejecutivo regional no ha tomado ninguna decisión.

Cantabria cuenta con 23 sentencias firmes de derribo que afectan a un total de 532 viviendas repartidas en cinco municipios costeros (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos y Miengo). Todas las denuncias, excepto una (Escalante), fueron presentadas por la asociación ecologista Arca y en todos los casos se condena a los ayuntamientos y al Gobierno regional. Ambas administraciones son condenadas también en el caso de las sentencias por los daños morales ocasionados a las familias.

El pasado 17 de diciembre, el Parlamento de Cantabria aprobó, por unanimidad, «encomendar al Gobierno regional que, a la vista de la situación en que se encuentran las personas perjudicadas por las sentencias de derribo de viviendas, establezca, en el plazo más breve posible, un plan encaminado a dar solución, en la medida de lo legalmente viable, a los problemas planteados, teniendo en cuenta las distintas situaciones en que se encuentran las personas afectadas».

Según el Parlamento, el Gobierno deberá actuar «de acuerdo con la naturaleza de la situación planteada y a la vista de la ley y de la jurisprudencia, la posible subsanación de los requisitos formales o de procedimiento, las indemnizaciones por responsabilidad, la posible legalización de los inmuebles, el asesoramiento a las personas afectadas y cuantas medidas de similar naturaleza se consideren procedentes». Por último, pide que, en la medida que sea necesario, le sean remitidas las iniciativas legislativas adecuadas para «permitir la viabilidad de la solución que se proponga».

La gran mayoría de las familias afectadas integran la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que viene pidiendo justicia y movilizándose desde hace varios años. Su presidente, Antonio Vilela, mostró ayer su decepción por la dejadez con la que están actuando los ayuntamientos y el Gobierno regional.

«Ellos son los condenados y están obligados a buscar una solución. Han pasado tres meses desde el acuerdo del Parlamento y no han hecho nada. Ni siquiera hemos podido hablar con Mediavilla -consejero de Justicia-. Les estamos pidiendo que, por lo menos, se informe a los jueces de los cambios que se producen. Por ejemplo, en Argoños se ha aprobado un nuevo planeamiento urbanístico y hay urbanizaciones que ya no son ilegales», afirma.

Según Vilela, el ejemplo a seguir es Andalucía, donde «se ha aprobado la suspensión de la ejecución de las sentencias mientras se busca una solución». «Si seguimos así, en Cantabria se van a producir algunos derribos cuando las urbanizaciones ya sean legales», señala.

Hasta el momento, no se ha demolido ninguna vivienda en Cantabria. Los ayuntamientos, atendiendo órdenes judiciales, siguen licitando los derribos, pero quedan desiertos. La única adjudicación tuvo lugar en el caso de El Encinar, pero la empresa, Erri-Berri, renunció el año pasado a ejecutar la sentencia tras recibir presiones.

En la asociación ecologista Arca es problema es visto de otra manera. Gonzalo Canales, su presidente, declaró recientemente a EFE que la demora en la aplicación de las sentencias de derribo «supone una clara burla al sistema democrático».

«La demora en la ejecución de las sentencias es injusta», sostiene Canales que cree que el que no haya empresas dispuestas a ejecutar los derribos responde a «las amenazas veladas» que, «según ha publicado la prensa» han vertido los propietarios de las casas contra los adjudicatarios.






* El Diario Montañés - 16.03.08 - J. I. ARMINIO
Foto: Piélagos, viviendas Alto del Cuco - eldiariomontanes.es

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