Canarias: Golpe mortal a la moratoria

Mar 16 •

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LAPROVINCIA* : La moratoria podría tener los días contados. La sentencia que obliga al Gobierno de Canarias a pagar una indemnización a los empresarios por no poder construir hoteles a pesar de "haber cumplido con los deberes urbanísticos concretos" coloca a la polémica Ley al borde del precipicio. El Supremo tiene la última palabra.

1.- La Ley de Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias ha estado siempre marcada por la polémica. Para empezar, el Gobierno autonómico lanzó un decreto, el 4/2001, que paralizaba ya la construcción indiscriminada de hoteles, pero muy pronto la Justicia lo anuló por las grandes deficiencias que tenía en su redacción. Apenas unos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbara este primer decreto, el Gobierno que presidía en aquel entonces Román Rodríguez contraatacó con un segundo decreto, el 126/2001, que también se mantuvo poco tiempo en pie, justo hasta que la Sala de lo Contencioso volviera a declararlo nulo de pleno derecho. Las sentencias que anularon ambos decretos fueron confirmadas posteriormente por el Tribunal Supremo. Ahora, la Ley 19/2003 recibe también un varapalo judicial de dimensiones incalculables, pues el TSJC acumula reclamaciones por valor de 1.500 millones de euros.

2.- La sentencia 78/08 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que contó con el magistrado Javier Varona como ponente, será en adelante un instrumento vital para entender el perjuicio causado por la moratoria turística. La sentencia viene a explicar que el Gobierno de Canarias creó un instrumento sin parangón en el marco legislativo nacional, y asegura que "no existen antecedentes normativos que hayan suspendido de forma indefinida el otorgamiento de licencias en suelos en los que el propietario había cumplido con los deberes urbanísticos concretos". Pero además, advierte que "no se trata de una suspensión transitoria o cautelar por tiempo determinado, sino un plazo indeterminado que queda a la voluntad de las administraciones que han de confeccionar los planes territoriales". Y apostilla el fallo, que "como suele ser habitual, ni los instrumentos planificadores han sido elaborados ni existe una certeza sobre cuando puedan cumplirse", por lo que "tal situación produce un perjuicio".
En síntesis, el fallo viene a explicar que el Gobierno de Canarias creó una Ley para salvaguardar la construcción indiscriminada pero que posteriormente la guardó en el cajón, por lo que la Administración debe pagar por su desidia.

3.- Una de las peculiaridades de la sentencia del magistrado Javier Varona es la forma que establece para fijar la indemnización que debe pagar el Gobierno de Canarias a los empresarios turísticos. Por hacer un símil, es como si los empresarios colocan un dinero en un banco a plazo fijo y reciben por ello los intereses que da el dinero. De esta forma, la Sala establece pagar el valor del Euríbor anual sobre la cantidad resultante del valor de los aprovechamientos urbanísticos que posee cada empresario. A todo esto, habrá que sumarle el interés anual habitual. Sólo con la sentencia que otorga al Grupo Seaside Hotels el derecho a ser indemnizado, teniendo en cuenta que el valor de sus aprovechamientos urbanísticos asciende a 19 millones de euros, resulta una cantidad anual de 600.000 euros, sin contar con los intereses, que podrían suponer otros 90.000 euros cada año. Por el momento, la suma supera ya los tres millones de euros.

4.- En su contestación a la demanda presentada por el grupo Seaside Hotels, del empresario Teo Gerlach, el Gobierno de Canarias argumenta que "si la Sala otorgase una indemnización a la actora por los daños que invoca, esto es, la pérdida de facto de su derecho a edificar, se produciría un enriquecimiento injusto, pues nada le impide después ejecutar su licencia ya obtenida y materializar unos aprovechamientos cuyo valor le habría sido resarcido previamente". Y es que en realidad, el empresario turístico Teo Gerlach (y el resto de los reclamantes cuyas sentencias saldrán en los próximos seis meses) lo que solicitaba a la Sala es una indemnización por el total del valor de los aprovechamientos urbanísticos de los que son titulares. De esta forma, y como quiera que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias apuntaron acertadamente que los empresarios no perdían sus aprovechamientos, sino que permanecían una vez se levante la moratoria turística, y con ello se les permita construir, la sentencia deja claras varias cosas: primero, que los empresarios mantienen sus aprovechamientos urbanísticos; después, deja claro que se produce un perjuicio por el tiempo en que no pueden disponer de esos aprovechamientos; y por último, fija la manera de pagar por el perjuicio.

5.- Diferentes expertos urbanísticos consultados por este periódico coinciden en afirmar que la solución al problema con el que se encuentra el Gobierno de Canarias tras la sentencia que estima el recurso del grupo Seaside Hotels no puede ser otro que un cambio legislativo o el levantamiento del veto a la construcción de hoteles, denominada moratoria turística. El primer paso, claro está, es el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero los expertos urbanísticos consultados coinciden también en que la sentencia de la Sala, que contó con el magistrado Javier Varona como ponente, está muy bien construida y fundamentada. Si el Supremo confirma el fallo del TSJC, las indemnizaciones a los empresarios con el mantenimiento de la moratoria en vigor supondrán un problema económico de calado. La otra opción sólo pasa por un cambio en la ley que permita a los empresarios construir.






* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 15 de marzo de 2008
Foto: construcción de un complejo turístico en el Sur de Gran Canaria - laprovincia.es

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