Acusan a altos cargos de prevaricación en el campo de golf de Alcalá

Abr 9 •

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ELPAÍS/Madrid* : La ONG Ecologistas en Acción ha denunciado hoy en un comunicado a dos directores generales de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González (PP), de ser "juez y parte" en el macrocomplejo de golf Alcalá Natura, ya que han emitido informes favorables al proyecto al tiempo que forman parte de su Consejo de Administración.

Ecologistas considera que los tres altos cargos -González, el director de Agricultura, Luis Sánchez; y el de Medio Natural, Miguel Allué-, pueden haber incurrido en un "presunto delito de prevaricación" y estudia emprender acciones por la vía penal.

El consejo de Gobierno de Madrid aprobó un plan especial para la construcción de un campo de golf en la localidad el 27 de septiembre de 2007. El campo, que tendrá dos recorridos de 18 hoyos cada uno, estará en la finca El Encín, propiedad del Gobierno regional y de 158 hectáreas. El plan nace a principios de 2005, cuando el entonces consejero de Economía, Fernando Merry del Val, anunció que su departamento promovería un gran centro de ocio, deportivo y urbanístico. El consejero pretendía edificar hoteles y salas de congresos en la zona en el suelo público.

Juez y parte en el proyecto

Según explica la ONG, la empresa pública Alcalá Natura 21 SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), se constituyó por autorización de acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2005. A su juicio, esta empresa se creó "con el claro objetivo de transformar la finca pública de investigación agroambiental", El Encín, en un "macrocomplejo de golf" para ser gestionado por la empresa privada Desprosa. Los ecologistas explican que para conseguir este objetivo, la Comunidad de Madrid "despliega" todo un conjunto de actuaciones en las que están involucradas "personas claves" para que el proyecto salga adelante.

Merry del Val, de quien depende El Encín, es el socio único de la empresa Alcalá Natura 21 y, como tal, designa al Consejo de Administración que está formado, entre otros, por el director general de Agricultura, como presidente de Alcalá Natura 21, el alcalde de Alcalá, como consejero, y el director del Medio Natural, también como consejero. Los tres cargos públicos forman parte del Consejo de Administración de la empresa promotora del macrocomplejo de golf desde el año 2005, y, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, están "obligados a abstenerse de intervenir" en todo lo relativo al procedimiento promovido por Alcalá Natura 21, asegura Ecologistas en Acción.

"Muy al contrario", afirma la nota, "los tres cargos han sido juez y parte", ya que han desempeñado un papel esencial en la viabilidad del complejo deportivo, como lo es "modificar del Plan General de Alcalá" para autorizar el golf, ya que este "uso estaba prohibido expresamente". Dicho plan general, cuya modificación ya ha denunciado la ONG a nivel administrativo, consideraba la finca como "no urbanizable y de especial protección agropecuaria". Tanto el presidente -el director general de Agricultura-, como los dos consejeros -el director General del Medio Natural y alcalde de Alcalá- han participado "activamente" en el procedimiento al emitir informes favorables, sin los cuales hubiera sido imposible autorizar los proyectos de Alcalá Natura 21, sostiene la ONG. Además, recuerda la existencia de informes técnicos y jurídicos contrarios a la modificación puntual del Plan General de Alcalá y a la autorización del golf en la finca El Encín.

La respuesta de la Comunidad

Aseguran que en julio de 2006 el ex director de Urbanismo, Enrique Porto Rey informó favorablemente la construcción de diversas edificaciones en El Encín y la transformación del centro de investigación en hospedería tres meses antes de su dimisión. "Por esas fechas Porto Rey venía realizando trabajos, a título particular, para la empresa Prointec, empresa colaboradora de Alcalá Natura 21 en el proyecto de complejo de golf y también debería haberse abstenido de participar en el procedimiento", apuntan.

Desde el Gobierno regional, se ha pedido a Ecologistas que "no invente falsas acusaciones" sobre El Encín, ya que en su opinión "se está cumpliendo con la legalidad vigente, en materia urbanística, medioambiental y administrativa", y se está realizando "con total transparencia". La Comunidad subraya que el deber de abstención -contemplado en el artículo 28 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas-, existe sólo cuando se tienen "intereses personales" en alguno de los procesos, algo que no ocurre en este caso ya que se trata de "una empresa 100% pública", donde ambos directores generales están presentes para defender los intereses de los ciudadanos. El Ejecutivo regional recomienda a la ONG que "se estudie en profundidad las leyes" antes de lanzar falsas acusaciones.






* ELPAIS.com - Madrid - 08/04/2008
Foto: Alcalá de Henares (Madrid), terrenos finca de El Encín - L.Magán (El País)

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