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«En los ayuntamientos hay una enorme falta de cumplimiento de la ley urbanística»

Jul 1 •

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ABC/Entrevista* : Ángel Núñez, Coordinador de la Red de Fiscales de Medio Ambiente de Andalucía. Nació en Sevilla en 1965, y trabaja en la Fiscalía de Cádiz desde 1991. A partir de su creación se integró en la Red de Fiscales de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo de Andalucía. Dos semanas atrás Ángel Núñez fue nombrado coordinador de este grupo.

-La Red cumple ahora cinco años. ¿Qué balance puede hacer? ¿Está cumpliendo sus objetivos que se marcaron?
-El balance es muy positivo. Hemos conseguido en principio alcanzar la unidad de actuación en una materia muy nueva desde el punto de vista jurídico que requería interpretaciones de los textos legales. Y esa interpretación que nosotros hemos hecho desde la unidad de actuación en la mayor parte de los casos la hemos logrado trasladar a las resoluciones judiciales, que han ido acogiendo nuestros planteamientos. Hemos conseguido una potenciación de al concienciación social en relación con las materias medioambientales, fundamentalmente urbanística, que es el gran problema hoy en día en Andalucía. Y en ese sentido el balance es muy positivo.
-En las diferentes Memorias anuales de las Fiscalías de Medio ambiente se han quejado de falta de medios materiales y humanos. ¿Se va a corregir ese déficit alguna vez?
-Se va mejorando, pero seguimos teniendo una importante carencia de medios, tanto desde el punto de vista de personal, no sólo en el Ministerio Fiscal, sino también entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se está avanzando. Se han creado en la Guardia Civil los equipos de delincuencia urbanística; en las unidades de Policía Autonómica hay ya áreas de ordenación del territorio, pero siguen estando desbordados por el caudal de trabajo que hay frente a los medios personales con los que se cuenta. Sigue siendo también una asignatura pendiente el que la Fiscalía cuente con instancias periciales imparciales. En muchas ocasiones tenemos enormes dificultades para obtener periciales imparciales en materias urbanísticas o en materias ecotoxicológicas de vertidos al medio marino o al medio fluvial y a la atmósfera. Es una reclamación que venimos haciendo, también en la Memoria de este año.
-¿Cuál es el grado de colaboración de las Fiscalías con las diferentes administraciones?
-En líneas generales es muy buena. Con la Junta de Andalucía la relación es magnífica. Tanto con la Consejería de Cultura como con la de Medio Ambiente y Obras Públicas. No lo es tanto con los ayuntamientos. Nosotros venimos denunciando año tras año que por parte de los ayuntamientos no se cumple con las funciones de disciplina urbanística que les atribuye el ordenamiento. Y ése es el principal problema. La primera barrera frente al desorden urbanístico es la del Ayuntamiento. Si los ayuntamientos ejercieran adecuadamente los procedimientos sancionadores, sobre todo los del restablecimiento de la legalidad y adoptaran de manera extemporánea las medidas cautelares paralizando las construcciones que se inician, no existiría el problema de la demolición, porque no sería necesario demoler en la medida de que no se habría construido. Entonces, por parte de los ayuntamientos detectamos una enorme falta de cumplimiento de las funciones que les atribuye la ley urbanística
-¿Cree que la normativa urbanística habría que endurecerla?
-Pienso que los instrumentos legales son los adecuados para cumplir los fines que se pretenden. Evidentemente, toda legislación es susceptible de mejora. Y aunque el instrumento es el adecuado, el problema está en su aplicación, o mejor dicho en su falta de aplicación por quienes tienen la competencia para ello, que en primera instancia son los ayuntamientos. Lo que nosotros reclamamos es una reforma, no administrativa sino penal, de la figura de la prevaricación omisiva. Entendemos que cuando nos encontramos con dejación de funciones por parte de funcionarios públicos, no siempre es fácil articular acusaciones de prevaricación omisiva. En ese sentido sí sería necesario reformas del Código Penal.
-¿En urbanismo se practica mucho la política de hechos consumados? ¿Quienes cometen irregularidades confían en que tarde o temprano se legalizará la situación?
-Efectivamente. Es obvio que cuando nos encontramos con una situación como en el caso de Chiclana, de 30.000 viviendas ilegales, no se pude meter una excavadora y derribarlas. Lo que sucede es que hasta ahora los procesos de regularización no han venido acompañados de algo que a nosotros se nos antoja imprescindible, el rigor a partir de ese momento en el ejercicio de la disciplina urbanística. Hasta ahora lo que hemos visto es que se han regularizado viviendas y eso ha dado lugar a que continúe la construcción ilegal, precisamente al amparo de esa expectativa de que pueda haber una posterior regularización. La regularización, si no viene acompañada de un hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora ejerceremos con rigor la disciplina urbanística, los procedimientos sancionadores y el restablecimiento de la legalidad, no hay ninguna solución. Y además se acaba con lo que es la esencia del planeamiento. El planeamiento lo que pretende es la planificación ordenada de la ciudad, y en lo que se convierte es sencillamente en la legitimación de facto de lo que ya se ha producido de manera desordenada.
-Los fiscales vienen criticando desde hace tiempo la pasividad de los ayuntamientos a la hora de combatir el urbanismo ilegal. Sin embargo, consistorios como el de Marbella o Estepona lo que presuntamente hacen es utilizar el urbanismo para saltar la barrera establecida por el Código Penal ¿Qué opina al respecto?
-Año tras año venimos denunciando esa pasividad. Las causas son múltiples. En algunos casos habrá falta de medios, en otros la falta de voluntad por asumir los costes, probablemente electorales, que pueden tener la adopción de medidas impopulares, como los derribos, y en otras ocasiones, los titulares están en los periódicos, son casos de flagrante corrupción. No creo tanto que se trate de sustraer competencias a los ayuntamientos, porque en definitiva son los más adecuados para llevar a cabo estas funciones, pero sí hay que establecer consecuencias sancionadoras, de naturaleza penal, para aquellos que de manera dolosa no cumplan las funciones que tienen encomendadas.
-¿Casos concretos como los de Marbella o Estepona se pueden evitar?
-Lo fundamental es contar con medios adecuados para llevar a cabo investigaciones. En Cádiz, donde hemos desarrollado investigaciones, como la de la «Operación Obra Nueva» de Chiclana, ha puesto de manifiesto una conducta que estaba generalizada, pero que hasta ahora no había aflorado porque no había medios para realizar investigaciones. Por otra parte, hace falta una mejora de los textos legales penales que permitan sancionar esas conductas. Pero todo esto surge al amparo de ese espíritu de relajamiento en relación con el cumplimiento de las normas que venimos denunciando.
-¿Los procesos de recalificación de suelos son caldo de cultivo para el delito urbanístico?
-En los procedimientos de reclasificación se producen determinados delitos. ahí nos encontramos con los cohechos, las prevaricaciones, y no tanto con los delitos de construcciones ilegales. Y se proponen diferentes soluciones. La Ley estatal del Suelo ha supuesto una mejora en el sentido de que ha limitado las enormes expectativas de beneficios que se derivaban de los procedimientos de reclasificación. Yo creo que lo esencial es que haya transparencia y que se garanticen instancias de control e inspección en los procesos de reclasificación.



* ABC - JOSÉ CEJUDO. SEVILLA - 30 de junio de 2008

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