Andalucía recalifica cerca de 2.000 viviendas libres en pisos de protección oficial
La patronal andaluza FADECO ha declarado hace unos días que 48 empresas constructoras están dispuestas a ceder 1.990 viviendas libres para recalificarlas en pisos de protección oficial.
Esta operación afectaría a 52 municipios de Andalucía, entre ellos las principales ciudades, Málaga a la que conciernen 546 pisos, y Cádiz con 363 viviendas y Almería con 280 viviendas. Juan Espadas, consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, ha declarado que el proceso puede darse muy rápidamente ya que al ser viviendas que ya están construidas o bien casi acabadas, pueden salir a la venta en el plazo de pocos meses.
Se espera a que la Junta de Andalucía se reúna durante las próximas semanas con las 48 empresas constructoras para determinar la adecuación de cada propuesta a la normativa para más información.
Numerosas constructoras aplican esta fórmula para sacarse un máximo de producto almacenado y ya construido. Además si de momento 48 empresas han aceptado este reto, hay esperanzas de que otras constructoras se unan a esta iniciativa.
Se calcula que existen unas 90.000 viviendas que no se venden en toda Andalucía, y sorprende el hecho de que sólo se proponga la recalificación de “unas cuantas” repartidas en 52 municipios. Sin embargo las empresas todavía están valorando si esta medida no les perjudica y lo cierto es que no les perjudica en la medida en que sólo transformen en vivienda social un 2,2% de su “stock”.
Juan Espadas es optimista ante esta postura y ha afirmado que si 48 constructoras han aceptado el reto, otras empresas seguirán el ejemplo, además de solucionar los problemas de vivienda de numerosas familias que aspiran a pisos de protección oficial.
Además desde la Junta se incentiva esta fórmula ya que las viviendas libres difíciles de vender ocupan espacio y esta solución aparece a los ojos de la Junta como la más eficaz y rápida teniendo en cuenta que se utilizarán las viviendas sociales tanto para la venta como para el alquiler.
Los sindicatos son los primeros en haber hecho eco de su protesta contra esta nueva mesura ya que lo ven como una fórmula para proteger al sector de los promotores y constructores, los especuladores del siglo XXI y los que más dinero se han llevado a costa de la crisis que hoy conocemos.
Parece ser que la crisis inmobiliaria ha llevado a reflexionar sobre el modelo de mercado inmobiliario que ha existido durante los últimos 10 años y que inevitablemente ha llegado a sus límites. Actualmente se trata de buscar soluciones y paliar los efectos de unas expectativas demasiado altas en cuanto a necesidades de vivienda se refiere y que como consecuencia de la falta de liquidez en los bancos que han cerrado literalmente el grifo de los préstamos, ha dejado mucha vivienda libre sin comprador.
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