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La conservación/rehabilitación es, en palabras de L. Arroyo Jiménez, una de las diversas posiciones jurídicas subjetivas que integran el contenido jurídico de la propiedad inmueble. Bajo esta premisa tan abstracta, pero suficiente como punto de partida,  se enfoca el presente trabajo que tiene como objetivo situar la figura de la rehabilitación dentro del marco jurídico actual desde el punto de vista económico, administrativo, social y comparado.

Para ello, se plantea la siguiente estructura:

·      Análisis de la política estatal y autonómica en materia de rehabilitación.

En este punto analizaremos la posición de los poderes públicos, como ente regulador de la actividad económica del estado, en esta materia, siempre bajo la óptica de los instrumentos legales (legislación y desarrollos legislativos) como el reciente Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y su adaptación a las diferentes comunidades autónomas.

De la misma forma, se esbozará la situación en materia de rehabilitación en un esquema de derecho comparado con los principales países europeos, con el fin de ver las políticas de intervención comunitarias y la posible participación de los fondos comunitarios en estas.
 
·      Estatus jurídico de la propiedad privada. Limites.
 
Se planteará un análisis desde la posición jurídica mas civilista a la mas administrativista donde se intentará dar respuesta a la pregunta: ¿Derecho u obligación del propietario? El planteamiento nos sitúa en el principio constitucional recogido en el artículo 33 hilvanado con el artículo 47. En este punto también se buscarán los limites exigibles que debe soportar el particular en el ámbito de la propiedad privada y su interrelación con la conservación.

·      Conclusiones.

Una vez analizado el aspecto público y el aspecto privado de la rehabilitación se plantearán las conclusiones, acompañados de la bibliografía y las citas o reseñas utilizadas para el presente trabajo.

Todo ello con el fin de indagar en la figura de la rehabilitación o el deber de conservación como un elemento de futuro, como una oportunidad por la que apuestan los poderes públicos y que abre puertas, frente al actual modelo económico basado en la nueva construcción, a una reconfiguración del status jurídico de la propiedad.