La detención del alcalde de Benitatxell por un caso de corrupción urbanística recuerda a la polémica vivida hace veinte años.
Benitatxell es un pequeño municipio de 4.800 habitantes, apacible situado en la costa de la comarca de Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante. Hoy la pequeña localidad está en el centro de mira ya que es objeto de un caso de corrupción urbanística. Los imputados son el alcalde Juan Cardona y la concejala austriaca del PP Hannelore Rheindorf. Se les acusa de presuntos delitos de cohechos en la recalificación de unos terrenos. En dicha operación también están implicados el arquitecto del Ayuntamiento y un abogado de origen alemán que presuntamente actuó como “intermediario” en la compra de la recalificación. A la espera de la investigación, esta localidad vuelve a ser foco de atención.
Benitatxell ya ocupó la primera página de escándalos urbanísticos de la Costa Blanca hace veinte años. En efecto, en 1987 la COPUT (Obras Públicas) en aquella época al mando de Rafael Blasco, centró su atención en la pequeña localidad ya que el Ayuntamiento y la promotora VAPF se habían embarcado en un proyecto ambicioso. Se trataba de Cumbres del Sol, un complejo turístico en el Puig de la Llorença, zona reconocida por su vegetación y biodiversidad en la que dominaban acantilados. Como uno de ellos “sobraba” e impedía el acceso a la playa lo abatieron. El director del Jardín Botánico se opuso rotundamente al proyecto declarando que era un peligro para el patrimonio natural de la zona y la conselleria decidió parar las obras para “evitar su expansión” en boca de Blanca Blanquer directora general de Urbanismo de la época.
Fue entonces cuando las tensiones saltaron y Benitatxell fue objeto de disputas que implicaron tanto a constructores, políticos como vecinos y ecologistas. Manifestaciones y discusiones entre vecinos en plena calle hicieron que el pueblo se dividiese y fuese centro de atención en los periódicos y en la televisión durante unos días. Como símbolo de protesta por la paralización de Cumbres del Sol, muchos vecinos se encerraron en casa sin salir en todo un día. Hubo cartas anónimas de amenazas a políticos y profesionales del urbanismo de la región. En una rueda de prensa en la que se reunieron responsables de la promotora y la directora general de Urbanismo Blanca Blanquer así como el jefe de gabinete de medioambiente (Carlos Auerheimer) se llegó hasta tal punto de tensión que acabaron con abucheos e insultos hacia los altos cargos de la Generalitat. Y es que había intereses en juego. El Ayuntamiento se subía por las paredes ya que recibía la mitad de los ingresos de los más de 300 chalés de la urbanización, el alcalde se defendía avisando de las pérdidas de empleos de la zona que se provocaría paralizando las obras. El escándalo dividía el pueblo en dos grupos, por una parte vecinos y Ayuntamiento que veían una oportunidad económica en la zona por la ambición turística del proyecto y por otra parte los grupos ecologistas que acusaban la urbanización del litoral de “atrocidad paisajística”.
El escándalo pasó con el compromiso de Rafael Blasco a dejar que la obra continuase pero respetando el patrimonio natural del terreno. Dos décadas después la zona se ha convertido en lo que quería ser desde un primer lugar; una ciudad para turistas extranjeros, en primera línea de mar con chalés, bungalows, parques, zonas deportivas y playas de fácil acceso. Los acantilados han desaparecido. Una zona residencial de 3.700.000 metros cuadrados a la disposición de los turistas extranjeros en busca de las promesas características de la Costa Blanca.
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