El TC no envía a “los Albertos” a prisión, a pesar de haber estafado 24 millones a sus socios de Urbanor

Feb 23 • Corrupción, Noticias • 1101 Views • No hay comentarios en El TC no envía a “los Albertos” a prisión, a pesar de haber estafado 24 millones a sus socios de Urbanor

Alcocer y Cortina Érase una vez una estafa. Seguro que a muchos les suena.
La historia que vamos a contarles y que terminó esta semana con un final más bien amargo, data sus comienzos en la era felipista, aproximadamente hacia 1987. Por entonces, Alberto Cortina de Alcocer y Alberto de Alcocer Torra, los Albertos, cerraban la compraventa de un solar en Madrid con la empresa kuwaití KIO.
Durante la transacción, los primos ocultaron que a través del representante de KIO, Javier de la Rosa, habían pactado un precio superior por metro cuadrado, al que se le pagó al resto de accionistas.
Por tanto, los socios de Urbanor, sociedad propietaria de los terrenos de la plaza de Castilla, sitos en la capital y donde hoy se alzan las torres KIO, dejaron de ganar 24,5 millones de Euros, de los que se apropiaron unilateralmente los “de Alcocer”.
A finales de 2000, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid declaró a “los Albertos”, responsables de haber estafado a sus socios en Urbanor, aunque absolvió a los demandados al considerar que el delito había prescrito.
El 14 de marzo de 2003, sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo les condenó a penas de tres años y cuatro meses de prisión y 6.000 euros de multa como autores de un delito de estafa y otro de falsedad en documento mercantil, al negar la prescripción de los delitos.
Pero ahora, la polémica e histórica batalla entre Supremo y Constitucional se reabre, al haber resuelto éste último, que no han errado los jueces al considerar que existe un delito de estafa, pero que, por el contrario, se ha vulnerado la “tutela judicial reforzada” de los demandados, ya que al iniciarse el proceso contra ellos el delito ya había prescrito. Por tanto, dichos demandados no pueden ser condenados.
Esta doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la prescripción de delitos, es radicalmente contraria a la de la Sala Penal del Tribunal Supremo, y aunque Pascual Sala, ponente de la sentencia, se ha apresurado en desmentir que el contenido de la misma “no va contra el Tribunal Supremo”, lo cierto es que no es la primera vez que existen divergencias sobre este tema entre ambos tribunales.
Ya en 2005, el Tribunal Constitucional impuso, en contra de lo dicho por el Tribunal Supremo, el criterio de necesidad de actuación judicial para paralizar la prescripción, no siendo considerada como tal a estos efectos la interposición de denuncia o querella, como ha ocurrido en el caso Urbanor.
A pesar del fallo, diversas voces judiciales han discrepado, empezando por uno de los propios magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, que formuló voto particular en que exponía que a su juicio, la sentencia “invade funciones interpretativas que corresponden a la jurisdicción ordinaria”, y que además su contenido se aparta definitivamente de la anterior doctrina del Tribunal.
También el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha querido mostrar su descontento y en unas declaraciones a la prensa ha expresado textualmente “discrepar total, radical y profundamente” con la sentencia, y añade que el Constitucional “incurre en un exceso de jurisdicción que resulta muy preocupante, al definir la prescripción en contra de un criterio del Tribunal Supremo que no es irrazonable”.
Parece que la incertidumbre legal que reina en las altas esferas judiciales es la consecuencia directa de que delitos tan flagrantes como el expuesto queden impunes, y que la “Justicia” no haga honor a su nombre en éste, nuestro caótico país.

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