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Aunque no es necesario irse tan lejos para observar los resultados de este nuevo urbanismo. Desde hace un par de años, en algunas localidades españolas, los ayuntamientos han optado por hacer partícipes a la ciudadanía de sus planes de regeneración urbana. Una participación que va más allá de encuestas que pregunten por el color en el que se quiere que se pinte la fachada de un edificio público o por su opinión ante la nueva fuente instalada en la plaza del pueblo.

El municipio de Olot, en Girona, o el barrio de Virgen de Begoña, en Madrid, se erigen como ejemplos de la puesta en práctica del urbanismo de código abierto. Un urbanismo donde mejorar la habitabilidad de una ciudad o un barrio no pasa únicamente por preguntarle a la gente qué es lo que quiere, sino construir con la gente lo que quiere. 

Un urbanismo que nace desde la propuesta y la iniciativa de la ciudadanía y no desde los despachos de un ayuntamiento y que convierte a la ciudad en un espacio cambiante y vivo.

Y, sobre todo, un urbanismo desligado de la corrupción y el afán especulativo de poderes públicos y financieros, responsable de una burbuja que ha dejado como herencia millones de casas y edificios públicos vacíos, desahucios, infraestructuras sin terminar o infrautilizadas y extensas hectáreas de suelo urbanizado a la espera de nuevas edificaciones que, seguramente, nunca llegarán.

Pero, para que el urbanismo de código abierto triunfe en el resto de localidades, urbanistas y arquitectos debemos entonar el mea culpa y cambiar la forma en la que vemos la profesión. Porque  un arquitecto no es aquel que únicamente construye edificios majestuosos y los urbanistas no son simples técnicos.

En un país con millones de casas y edificios públicos vacíos, arquitectos y urbanistas debemos cambiar el objetivo de nuestra profesión. Más que constructores, somos facilitadores, agentes que median entre la ciudadanía y la Administración Pública, que crean una hoja de ruta para poner en marcha los proyectos ideados entre ambos, que establecen canales de comunicación que sirvan para coordinar y que sus ideas se hagan realidad.

Y las primeras en recordar la función de arquitectos y urbanistas en el nuevo modelo urbano deberán ser las Escuelas de Arquitectura, que llevan mucho tiempo planteando una formación de la profesión que es completamente ajena a la realidad y que se ha centrado, exclusivamente, en la producción de la arquitectura espectáculo.

Urbanistas y arquitectos somos agentes sociales, responsables de mejorar la calidad de vida en las ciudades y de sus habitantes al distribuir de forma equitativa los beneficios que traen consigo las tácticas urbanas pensadas entre todas y para todas las personas y que crean, además, oportunidades sociales y económicas. Profesionales renovados para el urbanismo del futuro, que no tienen por qué construir.

* Este artículo apareció previamente publicado el 3 de junio de 2015 en el Blog de la Fundación Arquia. 

Imagen 01: Actividad colaborativa durante la Semana de la Movilidad de Getxo, septiembre de 2014 (fuente: Paisaje Transversal)