Los 300 (de Arona)

Mar 12 •

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FRANCISCO POMARES* : Ahora sabemos que la querella que ha puesto a Arona irremediablemente patas arriba tiene que ver con que hay casi 300 expedientes municipales -la mayoría urbanísticos, pero también de contratación de obras y servicios y de personal- firmados personalmente por Berto González Reverón, el alcalde de Arona que barrió en las pasadas elecciones logrando la primera mayoría absoluta en el municipio en veinte años. Trece concejales de 24.

Dicen que se le votó para conseguir acabar con el latrocinio, porque en Arona se ha hecho creer a la gente -el propio Berto lo dijo en su campaña- que el mamoneo es fruto de la debilidad política, de tener que pactar todo con otros partidos. El alcalde Reverón logró serlo en 2003 pactando con Manolo Barrios, que lleva casi treinta años de alcalde o de concejal, hospedado en ese tiempo en todos los partidos.
La demanda contra Reverón y Barrios por prevaricación continuada, presentada por un concejal socialista, Francisco Santamaría, cayó en manos del juez Nelson Díaz Frías, decano de los juzgados de Arona, un tipo discreto, prudente y acostumbrado a llevar sus casos hasta sus últimas consecuencias. Casualmente aronero, conocedor de lo de allí. La fiscalía imputó a toda la Junta de Gobierno, los ocho magníficos de Arona, en marzo de 2007, por prevaricación continuada y delitos contra la ordenación del territorio. La mayoría de los medios de Tenerife dieron la noticia con sordina, pero en un tiempo récord el juez citó a los ocho imputados, que declararon la segunda semana de mayo, en plena campaña de las municipales. Casi inmediatamente, el juez comenzó a pedir la identificación y personación de empresarios y otros particulares citados en las declaraciones de los políticos. Roberto de Luis, su sobrino -un pariente maltratado que se acusó en sede judicial para implicar a su tío-, José Ramón Ansorena, el empresario vasco dueño de Proguito, SL, que pidió una licencia, grabó en audio la extorsión de que fue objeto, y se pasó cinco años contándoselo a todo el mundo en Arona, incluso al alcalde, sin que nadie le hiciera el mínimo caso.
El juez sí se lo hizo: el mismo día que declaró Ansorena la policía detuvo sobre la marcha al arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa, y a Arsenio Zamora, un empresario acusado de intermediar en la extorsión. El juez decreto ese día secreto del sumario.
Pero la vida sigue al margen del sumario: un constructor se quejaba a una periodista por montar un gigantesco lío que perjudica al negocio: "aquí siempre se ha hecho así, nunca se ha perjudicado a nadie...". ¿A nadie? Ya hay cuatro detenidos, y la mancha de aceite comienza a extenderse, nadie sabe hasta dónde llegará el pringue: en la querella aparecen aludidos, aparte los políticos y funcionarios municipales, 42 particulares y 88 empresas. Y Nelson Díaz Frías -según dicen- es un juez muy meticuloso.

fpomares@epi.es






* La Opinión de Tenerife - Opinión - 24 de febrero de 2008


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