Los ‘negocios’ terrenales del Arzobispado de Valladolid
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ELCONFIDENCIAL* : El fantasma de la especulación inmobiliaria vaga por los pasillos del Arzobispado de Valladolid. La diócesis del prelado Braulio Rodríguez Plaza podría haber cometido un delito societario relacionado con la venta de parte del patrimonio de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, una institución privada de ayuda a personas discapacitadas cuyo patronato preside el propio arzobispo.Según una serie de denuncias presentadas por la sobrina del sacerdote que creó esta sociedad, Julia Álvarez Arregui, y por la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSC), el Arzobispado ha vendido a la compañía Promociones Parkosa el subsuelo de la sede de la fundación, un solar de 5.300 metros cuadrados en el caso histórico de Valladolid, por unos seis millones de euros, cuando un informe de tasación solicitado por los demandantes fija el valor real de los terrenos en 16,1 millones.
La presunta irregularidad en la gestión cometida por el Arzobispado, único administrador de la entidad, no sólo ha acarreado a la fundación pérdidas millonarias. Las obras que siguieron a la venta del terreno –que, según la FAPSC, no contó con la autorización del Protectorado de Fundaciones de la Junta ni cumplió el requisito legal de ser adjudicada en concurso abierto- han supuesto el derribo de varios edificios de la fundación, como las aulas de formación profesional para discapacitados, las naves para talleres ocupacionales y una residencia de minusválidos, afirman los denunciantes. En el lugar que ocupaban, la inmobiliaria Parkosa construye actualmente un aparcamiento subterráneo y proyecta erigir varias torres de apartamentos.
Según Álvarez Arregui, para hacer posible el cierre y derribo de estos centros, el Arzobispado lleva años provocando que los discapacitados abandonen la institución. “De unos 200 beneficiarios de los talleres y escuelas que había hace años quedan actualmente unos 20. Dejaron de pagar los convenios salariales por lo que los minusválidos se marcharon a otras fundaciones”, dice.
El Arzobispado desmiente las acusaciones
El Arzobispado, por su parte, niega la mayor. El abogado que representa a la diócesis, que ejerce también como letrado de la fundación, señala a este diario que sólo conoce las denuncias por la prensa, a la vez que defiende la gestión en la entidad y la venta del terreno a Parkosa. “Respecto a la actuación judicial no podemos pronunciarnos hasta que nos trasladen el tema desde el juzgado. La venta (del subsuelo de la sede) ha sido realizada en concurso restringido, con cinco o seis empresas especializadas. Se entiende que todo el dinero que se recibió debe reinvertirse en la fundación”, sostiene.
Ante las acusaciones sobre la reducción en el número de beneficiarios de la entidad, afirma que actualmente “hay menos niños a los que atender. El Estado ha ido ocupándose de la demanda que cubrían estas instituciones. El Colegio de Sordos (de la fundación) se centra ahora en discapacitados plurideficientes porque con los minusválidos se busca la integración en la sociedad. Y los talleres (ocupacionales) no otorgaban un título, digamos que han muerto de muerte natural”.
El control de la fundación
El sacerdote Emilio Álvarez Gallego creó en 1973 la fundación que lleva su nombre como una institución privada benéfico-particular, según la escritura de constitución, lo que obliga al Arzobispado a rendir cuentas de su administración ante el Protectorado de Fundaciones de la Junta, que vela por el cumplimiento de los fines fundacionales. Esta escritura de constitución también declaraba al arzobispo presidente del Patronato, circunstancia que la diócesis ha aprovechado durante años para ir nombrando patronos de su confianza –en su mayor parte, miembros del Arzobispado- hasta lograr un control absoluto sobre la institución, afirma Álvarez Arregui.
De esta forma, ha conseguido carta blanca para cerrar la venta con Parkosa. La inmobiliaria es una vieja conocida del Arzobispado de Valladolid: construyó, por ejemplo, el parking del Seminario de Valladolid y el aparcamiento de los Salesianos en Salamanca cuando Braulio Rodríguez ejercía de obispo en la ciudad del Tormes.
El escándalo ha alcanzado tales dimensiones que la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcárcel, y el presidente de la ONCE, Miguel Ángel Carballeda, se han puesto en contacto con Álvarez Arregui para mostrar “su gran preocupación por el tema”. Puede que pronto más voces se les sumen. La FASPC emitió hace días una nota de prensa para denunciar la “gestión interesada y negligente de la fundación por parte del Arzobispado” y puso como ejemplo el hecho de que en junio de 2001, poco antes de la intervención judicial en Gescartera, la diócesis retirase cerca de seis millones de euros “sin embargo, olvidó retirar los fondos de la fundación y como resultado la entidad perdió los 685.000 euros que el Arzobispado había invertido en Gescartera”.
“Desde el año pasado han ido desapareciendo (los talleres y escuelas). Los patronos han ido abandonando la función original que tenía la fundación, dicen que la demanda está cubierta pero tenemos proyectos que no quieren hacer”, señala Luis Alberto Redondo, presidente de la FASPC.
* El Confidencial - Ángel Martínez.- 29/02/2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
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